Tribunal dicta 18 meses de prisión preventiva a implicados en el caso Pandora
Santo Domingo, 27 de noviembre. El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, expresó su satisfacción tras salir de la sala de audiencias de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde se dictó prisión preventiva de 18 meses para siete de los acusados en el denominado caso Pandora.
Camacho calificó como grave la conducta de los implicados, quienes, según la acusación, sustrajeron proyectiles de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional. “Traicionaron su uniforme, la institución y el país”, afirmó el procurador, destacando la importancia de la decisión del tribunal en un caso que ha sido declarado complejo por la magistrada Fátima Veloz, quien presidió la audiencia.
Entre los acusados que deberán cumplir prisión preventiva en el Centro Militar de Operaciones Especiales figuran el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien tenía a su cargo la custodia de las municiones; el subintendente Juan Miguel Pérez Soler; el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio; el cabo Juan Luis Díaz Medina; y los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibín Medina.
Por otro lado, el tribunal impuso medidas menos severas a otros implicados. El auditor Víctor Manuel Santos deberá pagar una garantía económica de tres millones de pesos, presentarse periódicamente ante las autoridades y tiene prohibido salir del país. Condiciones similares fueron establecidas para el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, aunque con una garantía económica de dos millones de pesos.
En cuanto a la civil imputada Miguelina Bello Segura, el tribunal ordenó arresto domiciliario como medida preventiva. Según se informó, Bello Segura llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, que su abogado defendió como parte de «conversaciones» que buscan garantizar su colaboración con la investigación.
El tribunal otorgó a los fiscales un plazo de ocho meses para profundizar las pesquisas y presentar nuevas pruebas que sustenten el caso. Este periodo permitirá al Ministerio Público reforzar el expediente y esclarecer el alcance de los actos ilícitos imputados.
El titular de Pepca, Wilson Camacho, subrayó que el caso refleja la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones de seguridad del país. «La justicia debe ser firme ante quienes traicionan su deber, especialmente cuando se trata de salvaguardar los recursos y la seguridad del pueblo dominicano», concluyó.
