Sentencia del Tribunal Constitucional obliga a reformar la Ley de Partidos Políticos y el Código Electoral
Santo Domingo, 22 de diciembre – La reciente sentencia TC-0788-24 del Tribunal Constitucional (TC) ha puesto en jaque el marco legal electoral de la República Dominicana, al declarar inconstitucionales los artículos 152 y 157 de la Ley 20-23 de Régimen Electoral. Estos artículos regulaban las candidaturas políticas independientes, estableciendo requisitos que, según el TC, desnaturalizan esta figura democrática.
La sentencia señala una desconexión entre el título y el contenido de los artículos impugnados, ya que condicionaban la participación independiente a la creación de una organización política estructurada de manera similar a los partidos tradicionales. Esto, según el fallo, limita el acceso a esta modalidad de candidatura y restringe los derechos políticos de los ciudadanos.
El artículo 152 exigía que una candidatura independiente a la Presidencia de la República estuviera respaldada por una organización política con cuadros directivos a nivel nacional y un programa de gobierno definido.
Para senadores y diputados, se pedía una estructura similar, aunque limitada a la demarcación electoral correspondiente. A nivel municipal, las candidaturas independientes debían presentar una organización que las avalara en sus respectivas localidades.
El párrafo tres del artículo 157 extendía los requisitos de los partidos políticos a las candidaturas independientes, con adaptaciones definidas por la Junta Central Electoral (JCE).
El TC concluyó que estos artículos contravenían los principios constitucionales al dificultar el ejercicio pleno del derecho de ser elegido mediante una candidatura independiente.
«El mecanismo previsto requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas como partidos tradicionales, lo cual desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes», detalla la sentencia.
La decisión ha generado controversia en el ámbito político. Algunos líderes consideran que podría representar una amenaza para el sistema de partidos. El delegado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante la JCE, Sigmund Freund, advirtió que esto podría generar un descontrol en el sistema electoral. «¿Cómo se contarán los votos o se distribuirán los fondos cuando haya 200 candidaturas?», se preguntó.
Por su parte, la JCE aún no ha emitido una postura oficial ni ha delineado los pasos a seguir tras el fallo.
La sentencia obliga al Congreso Nacional a reformar la Ley 20-23 para eliminar los artículos inconstitucionales. Este sería el tercer ajuste al marco legislativo electoral desde 2018, cuando se promulgaron las leyes 33-18 sobre Partidos Políticos y 15-19 de Régimen Electoral, en sustitución de la Ley Electoral de 1997.
La Ley 20-23, promulgada en febrero de este año, introdujo medidas como sanciones por exceder los límites de gastos de campaña y la creación de la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de Crímenes Electorales. Sin embargo, las sentencias recientes evidencian lagunas y contradicciones en el sistema normativo.
«El Congreso Nacional debe aprovechar esta coyuntura para revisar integralmente las disposiciones legales declaradas inconstitucionales y garantizar un marco electoral más inclusivo y robusto», instó Freund.
