Aplazan medidas de coerción contra implicados en red de narcotráfico y lavado de activos en República Dominicana
Santo Domingo Este, 14 enero. – La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este pospuso para el próximo jueves la audiencia sobre las medidas de coerción contra los implicados en una red internacional de narcotráfico y lavado de activos.
Esta red fue desmantelada recientemente gracias a una operación conjunta entre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), conocida como «Operación Panthera 7».
Entre los acusados se encuentran José Nicolás Castillo Hart, alias «Nikito»; Winston Armando Tejera Rodríguez, alias «Barbikin»; Cristian Rayner Canela Aybar; Nelson Neftalí Mercedes Lugo; Dulvi Jesús De los Santos; Enriquillo Luis Brito y Enrique José Luis Brito. La defensa de los acusados solicitó el aplazamiento para tener tiempo de analizar el voluminoso expediente presentado por el Ministerio Público.
El abogado José Rafael Ariza, representante legal del alcalde de Bayahíbe, Enriquillo Luis Brito, y su hijo, Enrique José Luis Brito, expresó que al revisar la solicitud de medida de coerción no encontró evidencias que impliquen a sus defendidos. Indicó que esperará a la audiencia para escuchar los argumentos del Ministerio Público.
Por otro lado, Adalquiris Espino, abogada de José Nicolás Castillo, denunció irregularidades en el proceso de arresto de su cliente. Según Espino, presentó un recurso de habeas corpus que fue declinado a otra sala, mientras que el Ministerio Público habría interpuesto una querella sin presentar pruebas suficientes.
La Operación Panthera 7, descrita como una de las más grandes ofensivas contra el crimen organizado en el hemisferio, movilizó a 89 fiscales y 564 agentes de fuerzas especiales. Durante los allanamientos se confiscaron más de 22 millones de pesos en efectivo, 20 vehículos ligeros, 10 vehículos pesados, 10 contenedores, tres motocicletas, tres pasolas, cinco motores fuera de borda y varias armas de fuego.
El Ministerio Público detalló que la red transportaba cocaína desde Colombia a República Dominicana utilizando rutas marítimas que incluían Bayahíbe, La Romana y Pedernales. Según los registros de la investigación, los 9,587 paquetes de cocaína, con un peso total de 9,889 kilos, estaban destinados al mercado internacional, utilizando el Puerto Multimodal Caucedo como punto de salida.
Transporte y modus operandi de la red
El expediente de medidas de coerción describe que el transporte de la droga al puerto se realizó mediante camiones equipados con compartimentos ocultos. Los paquetes de cocaína, sellados herméticamente, se camuflaban entre productos agrícolas como plátanos y guineos para evitar su detección durante inspecciones.
Además, la red utilizaba las empresas Grasswey Group y GWG Transport para mover el cargamento hasta el puerto, valiéndose de documentación aduanal falsificada, incluidos certificados fitosanitarios y permisos de exportación.
El vehículo que transportaba la droga accedió al puerto declarándose como un retorno vacío, mientras que, en realidad, llevaba las más de 9.8 toneladas de cocaína. Una vez en el puerto, el cargamento fue transferido a un contenedor que contenía productos agrícolas destinados a exportación. Empleados portuarios, presuntamente sobornados por la organización, facilitaron el acceso y evitaron inspecciones exhaustivas.
La red tomó precauciones meticulosas para evadir la vigilancia. Según el documento, en ocasiones utilizaron vehículos de distracción que realizaban maniobras sospechosas para desviar la atención de las autoridades. Además, empleados portuarios aceptaron sobornos para garantizar que el contenedor con la droga no fuera seleccionado para revisión.
El documento también señala que un camión fue ingresado al puerto por una entrada reservada para vehículos livianos, evitando así inspecciones con rayos X. En esta fase, los empleados del puerto responsables de realizar la inspección no llevaron a cabo una verificación adecuada del contenido del contenedor.
El plan de exportación estaba cuidadosamente programado para coincidir con el final del año, un período de alta actividad portuaria que, según empleados del puerto, reduce la rigurosidad de las inspecciones. Sin embargo, el operativo fue frustrado el 5 de diciembre cuando las autoridades establecieron un equipo táctico para detener el tráfico de drogas.
Durante el operativo, los implicados trataron de escapar del puerto utilizando tácticas de intimidación. Cuatro hombres armados con fusiles y pistolas irrumpieron en el área del puerto y obligaron a un conductor de camión a entregar su vehículo y su celular. Con este último, recibieron instrucciones de una persona no identificada sobre las rutas más seguras dentro del puerto para evadir controles.
Finalmente, la vigilancia encubierta y la interceptación de comunicaciones permitieron a las autoridades localizar y detener el contenedor antes de que pudiera salir del país.
Evidencias y conexiones internacionales
Las pruebas recopiladas incluyen videos, documentos falsificados y testimonios de empleados del puerto. La solicitud de medidas de coerción destaca la complicidad de trabajadores portuarios y la utilización de rutas marítimas estratégicas para mover la droga. También se evidenció que el cargamento estaba destinado a Bélgica, un destino estratégico para la distribución en Europa.
El Ministerio Público resalta que esta operación refleja un esquema de crimen organizado transnacional, con la República Dominicana como punto clave en la cadena de suministro de drogas desde Sudamérica hacia mercados internacionales.
Ante la gravedad del caso y la cantidad de pruebas recopiladas, el Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva como medida de coerción para los acusados. Consideran que existe un alto riesgo de fuga, dada la magnitud de la red y los recursos económicos que manejan los implicados.
