Obras Públicas y los peajes
Por Manuel Jiménez V
El reciente anuncio del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Deligne Ascención, sobre la «nivelación» del costo de los peajes, de 60 a 100 pesos en cuatro estaciones ubicadas en tres autopistas del país, ha reabierto el debate sobre la eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos recaudados.
Este ajuste, que se traduce en un aumento sustancial, tiene como objetivo declarado el mantenimiento de las autopistas y carreteras, según lo establecido por ley. Sin embargo, persisten dudas sobre si estos fondos realmente cumplen con ese propósito.
Quienes transitan frecuentemente por las carreteras del país comprenden la importancia de contar con autopistas y caminos en óptimas condiciones. La infraestructura vial no solo facilita un desplazamiento más rápido y cómodo, sino que también reduce el desgaste de los vehículos y mejora la seguridad de los usuarios.
En este contexto, cualquier medida destinada al mantenimiento de las carreteras es bienvenida, siempre y cuando esté respaldada por un manejo eficiente y transparente de los recursos.
En la actualidad, las estaciones de peaje con tarifas ajustadas incluyen puntos estratégicos como el kilómetro 25 de la autopista Duarte, la autopista 6 de Noviembre, y las vías hacia el Este, como Las Américas y la autopista Punta Cana.
Para quienes viajan a destinos turísticos o por trabajo, el incremento en el costo del peaje puede representar un gasto considerable, afectando tanto a conductores particulares como a empresas.
Aunque se ha alcanzado un acuerdo con los transportistas públicos para evitar un aumento en las tarifas de los pasajes, este ajuste recae con fuerza sobre los conductores independientes y las empresas que dependen del transporte como parte de sus operaciones. Esto genera una presión adicional en sus presupuestos mensuales, especialmente en un contexto económico desafiante.
El propósito fundamental de los peajes es financiar el mantenimiento y mejoramiento de las carreteras. Sin embargo, la falta de informes claros y detallados por parte del Ministerio de Obras Públicas sobre los montos recaudados y su destino real ha generado desconfianza en la ciudadanía.
A lo largo de los años, no siempre se ha cumplido con la promesa de destinar estos fondos exclusivamente al mantenimiento vial, lo que plantea la necesidad urgente de una rendición de cuentas más rigurosa.
Por otro lado, los recurrentes problemas técnicos en los sistemas de pago electrónico, como el «Paso Rápido», afectan la fluidez del tránsito y generan frustración entre los usuarios. Estas fallas, que deberían ser atendidas con parte de los recursos recaudados, representan un obstáculo para garantizar un desplazamiento ágil y eficiente en las carreteras del país.
En un país donde la movilidad es clave para el desarrollo económico y social, garantizar el desplazamiento rápido, seguro y eficiente no es solo una aspiración, sino una necesidad que exige compromiso y responsabilidad por parte de las autoridades.
