Redadas migratorias en Puerto Rico generan incertidumbre y temor en la comunidad dominicana

San Juan, Puerto Rico, 28 de enero. – Tras la primera redada realizada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, en inglés) contra inmigrantes en Puerto Rico, la gobernadora Jenniffer Aydin González Colón afirmó que estas acciones no están dirigidas exclusivamente a la comunidad dominicana, sino que forman parte de la implementación de una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump.

La gobernadora explicó que las redadas responden a la Orden Ejecutiva de Protección del Pueblo Estadounidense contra la Invasión, firmada el 20 de enero de 2025, y enfatizó que dicha medida tiene un alcance nacional.

“Esa orden ejecutiva no es específica para la comunidad dominicana. Ha habido arrestos de múltiples nacionalidades, aunque su foco principal está en la frontera sur de Estados Unidos. En el caso de Puerto Rico, las personas detenidas son, según la información que se me ha proporcionado, individuos con antecedentes criminales”, declaró González Colón en entrevista con El Nuevo Día.

La redada del domingo se llevó a cabo en el Barrio Obrero de San Juan, una zona donde reside una gran cantidad de dominicanos. La operación ha generado temor y una sensación de incertidumbre entre los migrantes que viven en Puerto Rico, muchos de los cuales llevan años establecidos en la isla y contribuyen a su desarrollo económico y social.

Leyra Sosa, una dominicana con más de 20 años en Puerto Rico, expresó su preocupación: “Yo llevo aquí dos décadas trabajando, cuidando personas mayores, pero ahora siento mucho miedo. No he podido salir a trabajar por temor a ser detenida”. Su testimonio refleja el impacto psicológico que estas medidas han generado en la comunidad.

Otro caso destacado es el de Fermín Díaz, un dominicano que fue detenido durante el operativo en las cercanías de su domicilio. Aunque fue liberado tras comprobarse que tenía sus documentos en regla, calificó la experiencia como un maltrato. “Me mostraron la foto de alguien que no conocía y, al no tener mi identificación en ese momento, me llevaron. Les pedí que me dejaran buscar mis papeles o que enviaran a un oficial conmigo, pero no accedieron”, relató Díaz al diario puertorriqueño.

Por otro lado, Cinthia Paniagua, una nativa de la isla, vive momentos de angustia tras la detención de su esposo durante el mismo operativo. “Ni siquiera me han permitido verlo o hablar con él. He llamado al oficial que lo arrestó, pero no responde. No sé nada de mi esposo”, comentó entre lágrimas. Paniagua teme que su pareja sea deportada y espera con ansiedad cualquier noticia sobre su paradero.

Declaraciones de la gobernadora

González Colón aseguró que la comunidad dominicana es un pilar importante en Puerto Rico y se comprometió a reunirse con las autoridades federales para obtener detalles sobre los operativos. “Es importante analizar cómo esta orden ejecutiva afecta a Puerto Rico y discutir su impacto en nuestra población migrante. Estos operativos representan un desafío para todos los estados y territorios, ya que los que no colaboren podrían perder fondos federales”, explicó.

Asimismo, la gobernadora recordó que las deportaciones no son un fenómeno nuevo en Puerto Rico, citando como ejemplo a las personas que llegan en yolas y son devueltas. Sin embargo, destacó que esta situación es diferente debido a la magnitud y coordinación de los operativos.

Según el comunicado emitido por el ICE, los operativos se enmarcan dentro de la orden ejecutiva de Trump, cuyo objetivo es “identificar y detener a personas que representen una amenaza para la seguridad pública y nacional”. En colaboración con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las autoridades federales buscan cumplir con las metas de esta directiva en todo el territorio nacional, incluyendo Puerto Rico.

El Barrio Obrero, donde se llevó a cabo la redada, es una de las áreas con mayor concentración de dominicanos en San Juan. Esto ha provocado que los operativos sean percibidos como una acción dirigida específicamente contra esta comunidad, aunque las autoridades aseguran que no es así.

Crisis económica y humanitaria en el horizonte

Líderes comunitarios y activistas han expresado preocupación por el impacto que estas redadas pueden tener en la economía y el tejido social de Puerto Rico. “La comunidad dominicana ha sido clave para el desarrollo económico de la isla. Estas acciones van a traer una crisis económica y humanitaria si no se manejan adecuadamente”, advirtió un representante comunitario.

Además, los sectores empresariales temen que las redadas generen un efecto disuasorio entre los trabajadores migrantes, que en su mayoría ocupan empleos esenciales en la construcción, la agricultura, el turismo y el cuidado de personas mayores. “El miedo está llevando a muchas personas a quedarse en casa, lo que afecta la productividad y las operaciones de pequeñas empresas que dependen de ellos”, señaló un empresario local.

A pesar de la incertidumbre, los dominicanos en Puerto Rico han mostrado una notable resiliencia. Muchos confían en que las autoridades locales puedan mediar con las agencias federales para mitigar el impacto de estos operativos en la población migrante. No obstante, el temor sigue siendo palpable entre quienes ven su estabilidad y permanencia en la isla amenazada por esta nueva política migratoria.

Los testimonios de personas como Leyra Sosa y Fermín Díaz reflejan una preocupación generalizada sobre el trato recibido por los agentes del ICE durante las redadas. Además, casos como el de Cinthia Paniagua, quien aún no tiene noticias de su esposo, evidencian las dificultades que enfrentan las familias afectadas para obtener información sobre sus seres queridos.