¿Trump puede congelar gastos autorizados por el Congreso?
Por Charlie Savage
The New York Times
Charlie Savage escribe sobre cuestiones de política jurídica, incluido el poder presidencial.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha actuado de manera agresiva para impedir que el gobierno desembolse fondos autorizados por el Congreso para una serie de programas, con lo que potencialmente arrebataría poder al órgano legislativo para ejercer una mayor influencia en el gasto público.
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Aunque la Casa Blanca presentó la medida como una pausa temporal que le permitiría examinar el gasto para asegurarse de que no entra en conflicto con las prioridades políticas de Trump, esta desencadenó caos e incertidumbre en grandes sectores del gobierno federal dentro y fuera del país.
También parece establecer los cimientos de una posible confrontación en la Corte Suprema sobre el poder que tiene un presidente para negarse a gastar el dinero que ha asignado el Congreso, una táctica que los legisladores limitaron de manera drástica durante la presidencia de Richard Nixon.
Aquí ofrecemos un análisis más detallado.
¿Qué ha hecho Trump?
En su primera semana en el cargo, Trump prohibió el gasto en determinadas iniciativas con cuya misión no estaba de acuerdo, entre ellos programas relacionados con la “diversidad, equidad e inclusión” y la financiación de organizaciones no gubernamentales que, en su opinión, funcionan en detrimento del interés nacional. También ordenó congelar por 90 días todo el gasto en ayuda exterior para analizar si entraba en conflicto con sus prioridades, con la excepción de la ayuda militar a Israel y Egipto.
Esa pausa ha puesto en riesgo una amplia gama de ayuda autorizada por el Congreso, como la asistencia militar a Ucrania en su combate a la invasión rusa, la ayuda para pagar los salarios de una milicia dirigida por kurdos que custodia a los detenidos del Estado Islámico en el noreste de Siria y la distribución de medicamentos contra el VIH en África y países en desarrollo.
Al comienzo de su segunda semana, Trump dio señales de una intensificación. El lunes, la Casa Blanca, en un memorándum, ordenó la suspensión temporal de “toda ayuda financiera federal”, como préstamos y subvenciones, también en territorio nacional. Aunque la Seguridad Social y Medicare estaban exentos, el memorándum decía que se aplicaría hasta a 3 billones de dólares en programas y actividades gubernamentales.
Si la suspensión se hace permanente para un programa aprobado por el Congreso pero que no es del agrado de la Casa Blanca, podría desencadenar una lucha judicial sobre la constitucionalidad de una ley que prohíbe la “retención de fondos” unilateral por parte de los presidentes.
¿Qué es la retención de fondos?
Es el acto de un presidente de retener o retrasar el gasto de fondos que el Congreso ha asignado al gobierno federal para que los desembolse.
Aunque es habitual que el poder ejecutivo retenga parte del gasto autorizado si puede salirse del presupuesto sin dejar de cumplir el objetivo del Congreso, la práctica se torna polémica cuando un presidente se niega a gastar el dinero que el Congreso ha destinado a un programa porque se opone a él.
Esencialmente, el Congreso prohibió a los presidentes la retención de fondos unilateral y permanente de fondos en una ley de 1974. Sin embargo, durante la campaña presidencial, Trump, en un video publicado en el sitio web de su campaña, prometió restablecer esa facultad para poder “exprimir la inflada burocracia federal para tener ahorros masivos”.
¿Qué significaría la retención de fondos para el poder presidencial?
Legalizar la retención de fondos permanente transferiría poder del Congreso a la presidencia.
Los fundadores de Estados Unidos idearon la separación de poderes para evitar que cada rama acumulara demasiada autoridad y supusiera una amenaza para la libertad. Para ello es fundamental el control del Congreso sobre las decisiones relativas a los impuestos y el gasto: su poder en el presupuesto.
En El federalista, James Madison escribió que este poder era el “arma más completa y eficaz” que podían esgrimir los legisladores electos.
Pero los partidarios de concentrar más poder en la presidencia argumentan que la Constitución otorga al presidente la autoridad para optar por no ejecutar determinadas disposiciones de gasto que el Congreso ha incluido en la ley. Dicen que la frase “el presidente velará por el fiel cumplimiento de las leyes” debe interpretarse de modo que lo permita.
The New York Times
