Optimismo prematuro ante la administración Trump
Por Manuel Jiménez V.
La llegada de un nuevo gobierno en Estados Unidos siempre genera expectativas en América Latina, pero lo que resulta inusual es que solo cuatro países de la región—Argentina, Ecuador, El Salvador y República Dominicana—se muestren optimistas ante la administración de Donald Trump.
Es un fenómeno sin precedentes recientes, dado el impacto que las políticas estadounidenses tienen en la región, no solo en el ámbito comercial, sino también en lo político y, sobre todo, en el migratorio.
Uno de los primeros efectos visibles de la nueva administración es la implementación de una agresiva política de repatriaciones, afectando a miles de indocumentados que serán devueltos a sus países de origen.
Se trata de un ejercicio legítimo de soberanía por parte de Estados Unidos, pero con repercusiones inevitables para los gobiernos latinoamericanos, que deberán reinsertar a estos ciudadanos en sus economías y sistemas sociales.
En el caso de República Dominicana, la probable llegada masiva de repatriados supondrá una mayor presión sobre el mercado laboral y los servicios públicos, lo que invita a manejar con mayor prudencia y previsión el entusiasmo con el gobierno ha recibido el ascenso de Trump.
Por otro lado, aún está por verse el impacto de las políticas económicas proteccionistas de la administración estadounidense. Trump ha anunciado nuevos aranceles, comenzando por México y Canadá, pero su objetivo principal es China, lo que anticipa una guerra comercial de repercusiones globales.
Si a esto sumamos su retórica contra los acuerdos multilaterales y su disposición a revisar tratados de libre comercio, la incertidumbre es aún mayor.
República Dominicana, como parte del DR-CAFTA, tiene intereses directos en juego. El reciente decreto del presidente Luis Abinader, que fija una cuota de importación de arroz desde Estados Unidos en el marco de ese tratado comercial es una medida que aún debe ser evaluada en el marco de las tensiones comerciales vigentes.
La pregunta es si la administración Trump respetará esa iniciativa local o buscará imponer condiciones más estrictas que perjudiquen al país.
Otro punto crítico es el efecto de las deportaciones sobre la diáspora dominicana. Miles de dominicanos viven en Puerto Rico en situación irregular, y la isla ya ha comenzado operativos de expulsión con la presión del gobierno federal.
Nueva York, con una de las mayores comunidades dominicanas en el exterior, también está siendo impactada fuertemente por estos operativos, al extremo que muchos inmigrantes están abandonando sus trabajos por temor a salir a las calles.
La expulsión de trabajadores migrantes podría tener un efecto en cadena en las remesas, que representan una fuente clave de divisas para la economía dominicana.
El optimismo del gobierno dominicano parece sustentarse en el reconocimiento que ha hecho el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre el desempeño económico del país.
Es cierto que República Dominicana ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, pero la estabilidad de esta relación bilateral depende de muchos factores que aún no están claros.
Si la administración Trump decide revisar o cuestionar aspectos del DR-CAFTA, como ha hecho con otros acuerdos comerciales, esto podría traer efectos negativos. Además, su amenaza de reducir el papel de la Organización Mundial del Comercio (OMC) pone en entredicho el futuro del comercio global bajo un marco de reglas claras.
Todos desearíamos que la relación con Estados Unidos se mantenga sin alteraciones, que las políticas de Trump no afecten al país y que su gobierno siga siendo un socio clave para nuestro crecimiento y estabilidad.
Sin embargo, el panorama es incierto y, lejos de alimentar un optimismo ingenuo, sería más prudente prepararse para un contexto internacional en el que las decisiones de la Casa Blanca podrían representar más riesgos que beneficios para República Dominicana.
