Abinader crea la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción para reforzar lucha contra la corrupción
Santo Domingo, 18 de febrero.- El presidente Luis Abinader firmó el decreto 76-25 mediante el cual se crea la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción (CPTA), una nueva entidad destinada a fortalecer las medidas contra el fraude en la administración pública y garantizar una mayor transparencia en la gestión estatal.
Esta decisión se da en el contexto de recientes denuncias sobre casos de corrupción en distintas provincias del país, según reveló el mandatario durante su conferencia de prensa, La Semanal, desde el Palacio Nacional. Sin embargo, Abinader no especificó cuáles provincias han reportado estos casos ni ofreció mayores detalles sobre las denuncias recibidas, limitándose a señalar que las irregularidades han trascendido distintos niveles de la administración pública.
“Hemos tenido denuncias en las provincias, que van más allá, y que tenemos que ir a los niveles altos, medios y de contacto territorial”, expresó el presidente, sugiriendo así que los casos de corrupción no se limitan a un solo nivel de la estructura gubernamental, sino que abarcan tanto esferas altas como medianas y bajas.
Esta afirmación plantea la posibilidad de que las irregularidades detectadas estén relacionadas con problemas administrativos internos o con el manejo indebido de recursos en instituciones estatales a nivel provincial.
Abinader subrayó la necesidad de fortalecer el sistema de lucha contra la corrupción y reiteró su compromiso con la transparencia, destacando que esta nueva comisión permitirá una fiscalización más efectiva de los recursos públicos.
“Ahí es que estamos sintiendo más denuncias y ahí es que vamos a insistir en ese sistema”, indicó el gobernante. En ese sentido, afirmó que la creación de la CPTA se enmarca dentro de su estrategia para garantizar el respeto institucional, combatir la corrupción y consolidar la confianza de los ciudadanos en el Estado.
“Es un mayor sistema de respeto institucional y de transparencia. Todo es ganar-ganar en una lucha a favor de la transparencia y contra la corrupción”, aseguró.
La Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción implementará una serie de estrategias clave para mejorar la gestión pública y evitar el desvío de fondos estatales.
Entre sus principales acciones se incluyen la supervisión de compras y contrataciones del Estado, la recuperación de bienes adquiridos ilícitamente, la creación de un observatorio de transparencia para monitorear el sector público y el fortalecimiento del sistema nacional de denuncias de corrupción.
Estas medidas serán coordinadas por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), mientras que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) se encargará de la dirección ejecutiva de la comisión.
Asimismo, el presidente explicó que esta comisión trabajará en la recuperación de fondos desviados en coordinación con organismos nacionales e internacionales, fortaleciendo los mecanismos de auditoría interna y el acceso a la información.
Abinader enfatizó que el involucramiento ciudadano será fundamental en la lucha contra la corrupción y señaló tres puntos clave para reforzar este compromiso: garantizar el acceso a la información pública, fomentar las denuncias de corrupción a través de canales oficiales y promover la participación de la sociedad civil y los medios de comunicación en la supervisión de la gestión pública, a lo que denominó como “auditoría social”.
“Este es un llamado de acción donde todos debemos ser parte de esta lucha. Todos haremos el uso responsable de los recursos públicos y todos debemos fomentar una cultura de transparencia y ética”, expresó. Además, reiteró su consigna de gobierno en materia de lucha contra la corrupción: “Que la transparencia se ponga de moda”.
En el marco de esta nueva estrategia, Abinader recordó que durante su gestión ya se han remitido 47 denuncias al Ministerio Público a través de la DIGEIG, así como 426 informes a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) mediante la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República.
Además, destacó que 108 procesos de compras han sido cancelados por Compras y Contrataciones debido a irregularidades, mientras que se han emitido 160 resoluciones que inhabilitan a proveedores de funcionarios públicos.
También resaltó el incremento del número de proveedores del Estado, que pasó de 87,338 en 2020 a 124,546 en 2024, y el avance de República Dominicana en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), escalando 33 posiciones en los últimos cuatro años.
La CPTA se organizará mediante un comité coordinador nacional presidido por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y contará con una dirección ejecutiva liderada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)
. Además, trabajarán en conjunto la Contraloría General de la República a través de sus unidades de auditoría interna y antifraude, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la Dirección General de Impuestos Internos, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de la Presidencia, la Dirección General de Presupuesto, la Unidad de Análisis Financiero, la Dirección de Estrategia y Comunicación y el sistema ERP del gobierno.
Durante la firma del decreto, el presidente Abinader estableció que todas las instituciones del Estado estarán obligadas a colaborar con la comisión, identificando y reportando casos de corrupción en un plazo máximo de cinco días hábiles para suministrar información y documentos cuando sean requeridos.
Esta colaboración será obligatoria incluso si el funcionario involucrado ha cesado en su cargo. Además, se pondrá en marcha un plan de acción para recuperar fondos desviados mediante la cooperación con organismos internacionales y la aplicación del decreto 579-24, que regula la recuperación de activos ilícitos.
Para garantizar el cumplimiento y seguimiento de estas medidas, la CPTA realizará reuniones semanales del Comité Coordinador, presentará informes semanales al presidente de la República y llevará a cabo una evaluación continua de las políticas implementadas en la lucha contra la corrupción.
