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Carmen Imbert Brugal
Los barones de la guerra sonríen mientras disfrutan el producto del negocio. Temibles, imponentes, impunes, establecen los corredores de la muerte sin el menor temor. Ocupan lugares cimeros en los centros de poder planetario y logran impedir el control para el tráfico de su mercancía letal sin la menor turbación.
Azuzan el conflicto para que su hoguera siempre arda. Fabricantes, compradores y vendedores lucen inofensivos, respetables. Es difícil comparar el perfil del fabricante y traficante trasnacional de armas con el mercader criollo que logra traficar, a través de la frontera, armas, drogas y cualquier tipo de mercadería cuyo intercambio es más que rentable.
Las evidencias desafían, es imperativo admitir que somos puente, sede, paraíso para el crimen organizado. Cada hallazgo ratifica la afirmación. Sin regatear el esfuerzo de las autoridades para detectar las cargas con drogas y armas, es necesario auscultar el territorio. Hurgar en los parajes fronterizos donde anida el crimen. Difícil no es. Desde Montecristi hasta Pedernales cualquier tendero conoce como y quienes trafican y también sabe que pueden hacerlo sin ninguna consecuencia. Dos indicios permiten avalar lo expuesto, sin tener que repasar el inventario de casos cotidianos que confirman el tráfico de personas, armas y drogas desde allá para acá y viceversa. En noviembre del año pasado fue descubierta una red, liderada por oficiales de la PN, que actuaba desde la propia institución, encargada de la sustracción de municiones para venderlas en Haití. La Misión de la OEA hizo la advertencia cuando comprobó que algunas municiones, en poder de los pandilleros, estaban en envases de la PN.
En la reciente incautación del cargamento de armas, procedente de Miami con destino a Haití, realizada gracias a la intervención de la DGA, la empresa dominicana, responsable del transporte, tenía cinco años operando. Los imputados residen en Elías Piña y en Las Matas de Farfán, uno de ellos era inspector de la Dirección de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas (COBA) hasta el día 28 de febrero.
La ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, está vigente. El decreto 30-2023 abrió una puerta peligrosa cuando permitió, “la importación de armas de fuego para uso civil”, solo por seis meses. El decreto no ha sido derogado.
“Las armas de fuego por sí mismas no son ilícitas, pasan a serlo cuando son desviadas al mercado ilícito o utilizadas en forma indebida para cometer delitos.”-Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito-UNODC-. EL problema asoma, dice UNODC, “cuando el tráfico de armas alimenta la insurgencia y a los grupos terroristas. “Las armas de fuego se usan como artículo de tráfico, expresión de poder, como forma optativa de pago a cambio de otra mercancía ilegal, contribuye a armar a grupos delictivos urbanos e impulsar la violencia relacionada con las pandillas”.
“Nuestro país está en guerra” declaró en Puerto Príncipe el nuevo presidente del Consejo Presidencial de Transición. La situación amerita menos proclamas y acercamiento urgente a la realidad fronteriza. Sin el glamur de los magnates de la industria armamentista, entre guasábaras están los protagonistas.
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