Reforma Migratoria en RD: Gobierno propone endurecer sanciones al tráfico ilícito de migrantes
Santo Domingo, 7 de abril de 2025. El Poder Ejecutivo depositó este lunes ante el Senado de la República un proyecto de ley que marca el inicio de una reforma migratoria con el objetivo de endurecer las sanciones contempladas en la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
La iniciativa, que forma parte de un paquete de 15 medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader, busca reforzar el control sobre el flujo migratorio irregular y proteger la soberanía nacional.
La propuesta legislativa fue entregada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, al presidente del Senado, Ricardo de los Santos. Este acto responde directamente al discurso del presidente Abinader del pasado domingo, en el que adelantó acciones concretas para frenar el tráfico ilegal de personas y mejorar la seguridad en la frontera con Haití.
Aunque inicialmente se interpretó que el mandatario haría una reforma integral a la Ley General de Migración 285-04, vigente desde hace dos décadas, la pieza depositada se limita a modificar cuatro artículos de la Ley 137-03.
A través de estos cambios puntuales, el gobierno busca establecer un marco más riguroso para la persecución del tráfico de migrantes, imponiendo penas más severas a los implicados en estas redes criminales.
Endurecimiento de penas
Según explicó Peralta, el artículo 2 de la ley será modificado para ampliar la definición del tráfico ilícito de migrantes. Esta redefinición busca incluir nuevos elementos constitutivos del delito, facilitando así una persecución más eficaz por parte del Ministerio Público. Actualmente, la redacción legal limita la acción judicial debido a su alcance restringido.
En el artículo 5 se incorpora una figura penal que castiga la omisión dolosa. Esta incluirá situaciones en las que una persona, por su posición de garante o por estar legalmente obligada a actuar, no previene el delito.
Un ejemplo mencionado es cuando un individuo, encargado de la protección de un bien jurídico o de la vigilancia de un peligro específico, omite actuar teniendo una relación estrecha con la víctima o con el escenario del delito.
El artículo 6, relacionado con la complicidad, también sufrirá modificaciones importantes. La nueva propuesta incrementa la pena de prisión para los cómplices del tráfico de migrantes, estableciendo un rango de entre 10 y 15 años de reclusión.
Además, la multa asociada al delito será de entre 350 y 750 salarios mínimos del sector público, y se contempla la suspensión de los derechos de ciudadanía para los condenados.
El artículo 7, que establece las penas para el tráfico ilegal de migrantes como delito principal, también se ve reforzado. Si el proyecto es aprobado, la sanción se elevará de los actuales 10 a 15 años de prisión, a un nuevo rango de entre 12 y 20 años.
Las multas subirán drásticamente, alcanzando entre 750 y 1,500 salarios mínimos del sector público, y se incluirá la inhabilitación de derechos ciudadanos como sanción complementaria.
Además, el consultor jurídico señaló que se contemplan penas agravadas de hasta 40 años de prisión y multas de hasta 6,000 salarios mínimos cuando en el tráfico ilícito de personas se utilicen armas, se cause daño a personas mayores de edad o se produzca la muerte de la persona objeto del tráfico.
Trámite legislativo
Ricardo de los Santos, presidente del Senado, informó que la iniciativa será enviada a comisión a partir del martes, con el objetivo de que su estudio permita una aprobación rápida. “Esta es una medida urgente que forma parte de un plan nacional para el ordenamiento migratorio”, afirmó el legislador.
Cabe recordar que la propuesta del Ejecutivo se suma a otra iniciativa legislativa introducida recientemente por el senador Rafael Duluc, quien el pasado 3 de abril sometió un proyecto para modificar la Ley de Migración.
La propuesta de Duluc contempla la creación de un registro biométrico obligatorio para todos los extranjeros que residan en el país, así como la instauración de un Sistema Integral de Información Migratoria (SIIM).
La pieza también propone procedimientos expeditos para deportaciones, mayor rigurosidad en la emisión de permisos de residencia y trabajo, y la obligación para hoteles, empleadores y centros educativos de reportar información sobre extranjeros.
Un plan más amplio
La reforma legislativa está enmarcada en un conjunto de 15 acciones impulsadas por el presidente Abinader. Entre estas se destacan el aumento de las unidades de vigilancia fronteriza y la integración de 1,500 soldados adicionales a los 9,500 ya desplegados en la zona fronteriza. Asimismo, se incorporarán 750 agentes migratorios a las labores de control y supervisión.
Otra medida clave es la aceleración de la construcción del muro fronterizo con Haití. El gobierno iniciará de inmediato el proceso de licitación para añadir 13 kilómetros adicionales a los 54 ya existentes. El objetivo es cerrar brechas y aumentar la capacidad de control en los puntos vulnerables.
El gobierno también tiene previsto modificar el reglamento de operación de los mercados binacionales para evitar que estos espacios sean utilizados como puntos de entrada para migrantes ilegales. En paralelo, se busca la colaboración activa de los gobiernos municipales para reforzar la eficiencia de los procesos de repatriación.
Dentro de este nuevo marco de acción, el Ejecutivo recomendó a la Procuraduría General de la República (PGR) la creación de una Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios. Asimismo, se establecerá un Observatorio Ciudadano sobre el Funcionamiento de la Política Migratoria, con participación de la sociedad civil, que tendrá la misión de fiscalizar, sugerir correctivos y garantizar el cumplimiento de la ley.
