Un millón de haitianos han sido repatriados desde 2021, según Dirección General de Migración
Santo Domingo, 15 de abril – Cerca de un millón de ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular han sido repatriados desde 2021 por la Dirección General de Migración (DGM) de la República Dominicana, según informó su director, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester.
Tan solo en el último año, la cifra alcanzó las 200,000 deportaciones, como parte de un ambicioso plan de control migratorio implementado desde octubre de 2023.
El operativo, que tiene como meta repatriar semanalmente a 10,000 personas, se ha hecho posible gracias al apoyo logístico y operativo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa.
“La meta que se nos fijó es repatriar diez mil nacionales haitianos semanales en condición irregular, a través de los diferentes puntos de control fronterizo”, explicó Ballester en una entrevista para Diario Libre.
Para cumplir con este objetivo, la DGM puso en marcha un plan estratégico institucional y presentó al Ejecutivo una propuesta de fortalecimiento estructural. Esta incluyó el refuerzo de la presencia operativa en provincias fronterizas clave como Dajabón, Jimaní, Elías Piña y Barahona, así como la ampliación del equipo humano y logístico de la institución.
Entre las acciones concretas se destacan la adquisición de nuevos vehículos para reforzar las operaciones: 60 camionetas, 50 camiones y 8 autobuses. Además, se ha reclutado nuevo personal especializado para atender la creciente demanda de operativos migratorios en todo el país.

Uno de los principales retos enfrentados por la DGM ha sido el combate a la corrupción interna. En ese sentido, se creó la Dirección de Asuntos Internos, que trabaja junto a unidades de contrainteligencia para identificar y sancionar irregularidades relacionadas con el tráfico de indocumentados.
Como resultado, más de 100 empleados han sido destituidos por faltas graves, algunos bajo el artículo 84 de la Ley de Función Pública, lo que les impide ocupar cargos públicos durante cinco años.
Otro desafío crítico ha sido la reincidencia de migrantes repatriados, un fenómeno que ha llevado a la DGM a solicitar al Poder Ejecutivo que se tipifique legalmente esta práctica como delito migratorio, permitiendo sanciones más severas.
Frente a las críticas de sectores económicos como la construcción y el turismo sobre el impacto de las deportaciones, Ballester fue categórico: “La ley no discrimina. Todo extranjero en condición irregular está sujeto a ser deportado”.
En ese mismo orden, afirmó que se están promoviendo políticas de “dominicanización” y mecanización del trabajo, particularmente en el sector agroindustrial, para reducir la dependencia de la mano de obra irregular.
En zonas de alta sensibilidad migratoria como Friusa y Matamosquitos, en Bávaro, se han realizado más de 130 intervenciones con la salida de unos 9,000 inmigrantes irregulares. El director desmintió versiones alarmistas sobre inseguridad, afirmando que en esas áreas predomina una “convivencia armónica” entre dominicanos y haitianos.
Con un presupuesto actual de 4,000 millones de pesos, la Dirección ha reestructurado sus gastos para mantener activos los operativos, aunque ha solicitado fondos adicionales debido al incremento de los requerimientos logísticos y tecnológicos. Esto incluye una atención especial a los aeropuertos, donde se espera recibir hasta 12 millones de pasajeros en 2025.