Harvard y el desafío al gobierno de Trump podrían poner a prueba los límites del poder gubernamental
POR COLLIN BINKLEY
De un lado está Harvard, la universidad más antigua y rica del país, con una marca tan poderosa que su nombre es sinónimo de prestigio. Del otro lado está la administración Trump, decidida a ir más lejos que cualquier otra Casa Blanca para reformar la educación superior en Estados Unidos.
Ambas partes se están preparando para un enfrentamiento que podría poner a prueba los límites del poder del gobierno y la independencia que ha hecho de las universidades estadounidenses un destino para académicos de todo el mundo.
El lunes, Harvard se convirtió en la primera universidad en desafiar abiertamente las exigencias de la administración por cambios radicales para limitar el activismo en el campus. La universidad enmarca las demandas del gobierno como una amenaza no solo para la escuela, sino para la autonomía que la Corte Suprema ha otorgado durante mucho tiempo a las universidades estadounidenses.
“La universidad no cederá su independencia ni renunciará a sus derechos constitucionales”, escribieron el lunes los abogados de la universidad al gobierno. “Ni Harvard ni ninguna otra universidad privada pueden permitirse ser tomadas por el gobierno federal”.
El gobierno federal dice que está congelando más de 2.200 millones de dólares en subvenciones y 60 millones de dólares en contratos a Harvard. La retención de fondos marca la séptima vez que la administración Trump ha tomado tal medida en una de las universidades más elitistas del país, en un intento de forzar el cumplimiento de la agenda política de Trump. Seis de las siete escuelas están en la Ivy League.
Ninguna universidad está mejor posicionada para dar pelea que Harvard, cuyo fondo de dotación de 53.000 millones de dólares es el más grande del país. Pero al igual que otras grandes universidades, Harvard también depende de la financiación federal que impulsa su investigación científica y médica. No está claro cuánto tiempo podría continuar Harvard sin el dinero.
Y desde ya la negativa de Harvard parece estar envalentonando a otras instituciones.
Después de aceptar inicialmente varias demandas de la administración Trump, la presidenta interina de la Universidad de Columbia adoptó un tono más desafiante en un mensaje al campus el lunes, diciendo que algunas de las demandas “no están sujetas a negociación.”
En su declaración, Claire Shipman declaró que leyó sobre el rechazo de Harvard con “gran interés.”
“Harvard es obviamente una institución particularmente poderosa. Y su decisión tiene el potencial de galvanizar a otras universidades en algún tipo de resistencia colectiva”, indicó David Pozen, profesor de derecho de Columbia que argumentó que las demandas del gobierno son ilegales.
Trump amenazó el martes con escalar la disputa, sugiriendo en las redes sociales que Harvard debería perder su estatus de exención de impuestos “si sigue promoviendo ‘enfermedades’ políticas, ideológicas que apoyan/inspiran terroristas”.
El impasse plantea preguntas sobre hasta dónde está dispuesta a llegar la administración. Sin importar cómo se desarrolle, es probable que se produzca una batalla legal. Un grupo de profesores ya ha presentado un desafío legal contra las demandas, y muchos en el ámbito académico esperan que Harvard presente su propia demanda.
En su carta de rechazo, Harvard señaló que las demandas del gobierno violan los derechos de la Primera Enmienda y otras leyes de derechos civiles.
Para la administración Trump, Harvard representa el primer gran obstáculo en su intento de forzar cambios en las universidades que, según los republicanos, se han convertido en focos de liberalismo y antisemitismo.
El conflicto está tensando la relación de larga data entre el gobierno federal y las universidades que utilizan dinero federal para impulsar avances científicos. Durante mucho tiempo visto como un beneficio para el bien común, ese dinero se ha convertido en una fuente fácil de influencia para la administración Trump.
El dinero federal es una inversión y no un derecho, escribieron funcionarios federales en una carta a Harvard la semana pasada, acusando a la escuela de no cumplir con las obligaciones de derechos civiles que son una condición para la ayuda federal. Argumentaron que Harvard ha permitido que la ideología política sofoque la creatividad intelectual.
La campaña de Trump ha apuntado a escuelas acusadas de tolerar el antisemitismo en medio de una ola de protestas propalestinas en campus en todo el país. Algunas de las demandas del gobierno tocan directamente ese activismo, pidiendo a Harvard que imponga una disciplina más estricta a los manifestantes y que examine a los estudiantes internacionales para detectar a aquellos que son “hostiles a los valores estadounidenses.”
Otras demandas ordenan a Harvard que cese todos los programas de diversidad, equidad e inclusión y que termine con las prácticas de admisión o contratación que consideren “raza, color, origen nacional o sus equivalentes”.
El presidente de Harvard, Alan Garber, dijo que las demandas exceden la autoridad del gobierno. En un mensaje al campus, escribió que “ningún gobierno, independientemente de qué partido esté en el poder, debería dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir”.
Algunos conservadores han sugerido que si Harvard quiere independencia, debería seguir el ejemplo de las universidades que renuncian a la financiación federal para estar libres de la influencia del gobierno. Hillsdale College, una pequeña escuela conservadora en Michigan que es uno de los ejemplos más prominentes, bromeó en las redes sociales que Harvard podría convertirse en el “Hillsdale del Este”.
“No aceptar dinero de los contribuyentes debería ser el próximo paso de Harvard”, dijo la escuela.
Ese es un escenario poco probable, pero Harvard puede tener que encontrar otras formas de capear los recortes de financiación del gobierno. Harvard generalmente destina alrededor del 5% del valor de su dotación a las operaciones de la universidad cada año, representando aproximadamente un tercio de su presupuesto total, según documentos de la institución.
La universidad podría extraer más de su dotación, pero las universidades generalmente tratan de evitar gastar más del 5% para proteger las ganancias de inversión. Al igual que otras escuelas, Harvard está limitada en cómo gasta el dinero de la dotación, gran parte del cual proviene de donantes que especifican cómo quieren que se use.
El gobierno no ha dicho públicamente qué subvenciones y contratos están siendo congelados, pero si la universidad tiene que sobrevivir con poco financiamiento federal por un período prolongado, probablemente requerirá recortes.
“Todas las universidades necesitan estar planificando para esta situación y pensando en cómo pueden sobrevivir en una forma más austera en los próximos años, si llega a eso”, dijo Pozen.
Entre los que aplaudieron la decisión de Harvard se encontraba el expresidente Barack Obama, quien la calificó como un rechazo al “torpe intento del gobierno de sofocar la libertad académica”.
“Esperemos que otras instituciones sigan su ejemplo”, comentó en las redes sociales.
Una declaración del Club Republicano de Harvard imploró a la universidad que llegara a una resolución con el gobierno y “regresara a los principios estadounidenses que formaron a los grandes hombres de esta nación”. AP
