Tragedia en Jet Set expone vacíos legales y deterioro estructural en edificaciones antiguas
Santo Domingo, 16 de abril – El colapso del techo en la discoteca Jet Set, tragedia que hasta el momento ha dejado 231 fallecidos, ha puesto de manifiesto el grave deterioro estructural al que pueden llegar edificaciones con décadas de antigüedad y ha evidenciado las carencias del marco legal vigente en cuanto a inspección y mantenimiento.
Ante esta situación, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso Nacional han iniciado la elaboración de propuestas legislativas con el fin de establecer controles más estrictos, implementar supervisiones periódicas y aplicar sanciones severas a los propietarios que ignoren fallas estructurales en sus inmuebles.
El ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, anunció este martes que el Gobierno trabaja en un proyecto de ley orientado a reforzar la supervisión de edificaciones antiguas, con especial énfasis en aquellas que reciben gran afluencia de personas, como centros comerciales, escuelas, iglesias y locales de entretenimiento.
“El marco normativo actual solo contempla inspecciones durante el proceso de construcción, pero no regula la supervisión de edificaciones ya terminadas”, explicó Bonilla.
La nueva legislación incluiría parámetros técnicos para determinar qué inmuebles deben ser sometidos a inspecciones periódicas, tomando en cuenta su antigüedad, tipo de uso y volumen de usuarios.
En paralelo, en el Senado ya cursa una iniciativa presentada por el senador Pedro Tineo, que propone la creación del Sistema Nacional de Supervisión de Obras Públicas y Privadas con más de diez años de construcción. Este nuevo órgano tendría como misión realizar evaluaciones periódicas a edificaciones antiguas tanto del sector público como privado en todo el país.
La propuesta contempla inspecciones obligatorias cada dos años, y la emisión de un certificado de condición estructural que deberá ser exhibido en lugares de acceso colectivo, como negocios, escuelas, hospitales y templos.
El artículo 24 del proyecto legislativo establece un régimen de sanciones que varía entre 50 y 1,000 salarios mínimos del sector público, aplicable a propietarios que no cumplan con las recomendaciones de seguridad, oculten información relevante, impidan inspecciones o pongan en riesgo la vida de terceros.
Además, se propone clasificar las edificaciones en cuatro niveles de riesgo, que irían desde “Apta sin observaciones” hasta “Inhabilitada por riesgo estructural”. En los casos más graves, las edificaciones podrían ser clausuradas de forma temporal o permanente.
Finalmente, la iniciativa contempla la creación de una plataforma digital de acceso público, donde cualquier ciudadano podrá consultar el estado estructural de las edificaciones inspeccionadas y presentar denuncias. Las autoridades estarán obligadas a dar respuesta en un plazo máximo de 30 días.
