Oposición exige interpelación de Faride Raful por “abusos policiales” y acusa al Gobierno de proteger excesos

Santo Domingo, 1 de mayo de 2025 — En una inusual muestra de unidad, los principales bloques opositores en la Cámara de Diputados sometieron este miércoles una resolución que solicita la interpelación formal de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y del director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta. La razón: las denuncias de incautación de bienes personales sin orden judicial y el comportamiento que han calificado como “trujillista” y sin control por parte de las autoridades del orden público.

La iniciativa fue presentada durante una rueda de prensa conjunta realizada en el ala congresual de la Cámara Baja, con la participación de representantes de los partidos Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).

Denuncias de arbitrariedad e intolerancia

Rafael Castillo, vocero de la Fuerza del Pueblo, encabezó la declaración pública. Señaló que el propósito de la resolución es que tanto Raful como Guzmán Peralta comparezcan ante el pleno legislativo para rendir cuentas sobre los constantes operativos de incautación de equipos como bocinas, realizados sin las debidas órdenes judiciales, y en lo que describen como un patrón de actuaciones que violan derechos fundamentales.

“Lo que está ocurriendo actualmente con la ciudadanía es grave. La Policía Nacional, bajo esta administración, se está convirtiendo en una institución sin control, con prácticas que nos recuerdan a la era de Trujillo”, dijo Castillo.

El diputado nacional del PRD, Ramón Raposo, también fue enfático al calificar a la ministra Raful como una funcionaria “intolerante”, ajena al espíritu democrático del país.

“Nos comportamos como si estuviéramos en un régimen autoritario, cuando vivimos en una democracia”, apuntó, criticando que, ante los reclamos ciudadanos de respeto a sus derechos, la funcionaria haya respondido con una actitud inflexible y represiva.

Desde el PLD, Gustavo Sánchez, su portavoz en la Cámara, resaltó el deber constitucional que tienen los legisladores de fiscalizar a los funcionarios públicos. Recordó que es una responsabilidad que emana directamente del artículo 95 de la Constitución, y que busca garantizar el cumplimiento de las leyes.

“El hecho de que se presenten en establecimientos privados, sin orden judicial y con una actitud de imponer restricciones sin amparo legal, representa un uso arbitrario del poder. La ministra está usando la ley como pretexto para violarla”, sentenció Sánchez.

El precedente de otras interpelaciones fallidas

La interpelación solicitada no solo busca esclarecer acciones recientes, sino también marcar un precedente ante lo que consideran una conducta sistemática de abuso de autoridad.

En administraciones anteriores, intentos similares de interpelación a otros funcionarios del Ministerio de Interior y Policía, como el exministro Chu Vásquez Martínez o el exdirector de la Policía, Eduardo Alberto Then, nunca prosperaron.

Desde el inicio de la actual gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ninguna de las solicitudes de interpelación ha logrado ser aprobada, lo que ha generado suspicacias sobre la voluntad del oficialismo de permitir mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas.

“Si el PRM quiere proteger a la ministra, que lo diga claro. Pero si eso ocurre, quedará en evidencia su complicidad con prácticas que conculcan los derechos ciudadanos”, advirtieron desde los bloques opositores.

La resolución fue presentada conforme a los procedimientos establecidos en la Carta Magna, que exige la firma de al menos tres diputados y la aprobación por mayoría simple de los legisladores presentes en la sesión correspondiente. En caso de que la funcionaria no comparezca o sus declaraciones se consideren insatisfactorias, podría iniciarse un proceso de destitución.

El caso de la barbería y las disculpas de Raful

Uno de los hechos más recientes que ha encendido el debate público y político fue el incidente ocurrido en Boca Chica, donde un agente de la Policía Nacional intentó cerrar el establecimiento Exótic Barber Shop por supuesta violación al horario de operación. La intervención fue ampliamente difundida en redes sociales, provocando indignación entre diversos sectores sociales.

Faride Raful, durante una entrevista ofrecida en el Almuerzo Semanal del Grupo Corripio, reveló que pidió disculpas personalmente al joven barbero Dawry David Santana, quien fue protagonista del suceso. Según indicó, Santana visitó su oficina junto a su padre para conversar sobre lo ocurrido.

“Si hubo alguna situación en la que él se sintió incómodo, nosotros pedimos disculpas. Lo importante es aprender de estos procesos y asegurarnos de que las regulaciones se apliquen correctamente”, expresó la ministra.

Aunque el gesto fue valorado por algunos como una muestra de apertura, para los diputados opositores se trata de una reacción tardía y sin repercusión sobre las verdaderas causas del problema: una política pública de seguridad ciudadana mal orientada, sin respeto por las garantías constitucionales.

¿Interpelación o invitación?

En medio del debate, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró que la solicitud de interpelación debería ser sustituida por una invitación, como establece el artículo 94 de la Constitución. En su opinión, la naturaleza del caso no amerita el uso del recurso de interpelación, que generalmente se reserva para violaciones graves o casos de mayor repercusión.

Castaños Guzmán afirmó que el Ministerio de Interior y Policía ha diseñado políticas orientadas a mejorar el orden público, y que si bien estas medidas han generado rechazo en algunos sectores, el escenario más adecuado para discutirlas sería una comparecencia menos rígida, como una invitación ante las cámaras legislativas.

Aun así, los diputados promotores de la resolución insisten en que los hechos denunciados no son menores ni aislados. Sostienen que el patrón de incautaciones arbitrarias, las actuaciones sin mandato judicial y la actitud represiva del cuerpo policial bajo esta administración configuran una situación que merece atención legislativa urgente.

Publicación de la resolución y próximos pasos

Según el documento sometido, la resolución debe ser publicada en los principales diarios de circulación nacional, así como en los medios digitales oficiales de la Cámara de Diputados, para conocimiento público y transparencia del proceso.

La fecha y hora de la comparecencia de Faride Raful y Ramón Guzmán Peralta serán determinadas por el Pleno legislativo, y su asistencia será obligatoria conforme al mandato constitucional. De no acudir o de ofrecer respuestas insatisfactorias, podrían enfrentarse a consecuencias legales y administrativas, incluida la destitución del cargo.