Gobierno de EEUU pide a Corte Suprema retirar protecciones legales a 350.000 inmigrantes venezolanos
WASHINGTON, 1 mayo. — El gobierno del presidente Donald Trump solicitó el jueves a la Corte Suprema federal que elimine las protecciones legales temporales para 350.000 venezolanos, con lo que podrían quedar expuestos a ser deportados.
El Departamento de Justicia pidió al máximo tribunal que suspenda el fallo de un juez federal en San Francisco que mantuvo vigente el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus iniciales en inglés) para los venezolanos, el cual estaba programado para expirar el mes pasado.
El TPS permite a las personas que ya están en Estados Unidos vivir y trabajar legalmente porque sus países de origen son considerados inseguros para su regreso debido a desastres naturales o conflictos civiles.
Una corte federal de apelaciones había rechazado previamente la solicitud del gobierno.
El gobierno de Trump ha tomado medidas para retirar diversas protecciones que le han permitido a los inmigrantes permanecer en el país, entre ellas dar fin al TPS para cerca de 600.000 venezolanos y 500.000 haitianos. El TPS se concede en incrementos de 18 meses.
La apelación de emergencia ante el máximo tribunal se produjo el mismo día en que un juez federal en Texas declaró ilegales los esfuerzos del gobierno para deportar a venezolanos bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII. Los casos no están relacionados.
Las protecciones estaban programadas para expirar el 7 de abril, pero el juez de Distrito federal Edward Chen ordenó una pausa en esos planes. Encontró que la expiración amenazaba con interrumpir gravemente las vidas de cientos de miles de personas y podría costar miles de millones en actividad económica perdida.
Chen, quien fue nombrado para el tribunal por el presidente demócrata Barack Obama, determinó que el gobierno no había demostrado ningún daño causado por mantener el programa vigente.
Pero el procurador general D. John Sauer escribió en nombre del gobierno que la orden de Chen interfiere inaceptablemente con el poder del gobierno sobre inmigración y asuntos exteriores.
Además, Sauer dijo a los jueces que las personas afectadas por el fin del estatus protegido podrían tener otras opciones legales para intentar permanecer en el país porque la “decisión de terminar el TPS no equivale a una orden final de deportación” .
El Congreso creó el TPS en 1990 para prevenir deportaciones a países que sufren desastres naturales o conflictos civiles. AP
