El caso de la ciudadanía por derecho de nacimiento dividiría a EE. UU. en dos

Por Andrea R. Flores

The New York Times

Flores es abogada y fue asesora de política migratoria en los gobiernos de Barack Obama y Joe Biden.

Por generaciones, el acta de nacimiento ha sido la base fundamental para que los estadounidenses verifiquen su ciudadanía. Pero ese estándar podría cambiar pronto drásticamente.

El primer día de su segundo mandato, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en un intento de reescribir la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense y poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento tal como la conocemos. La orden decía que los hijos de migrantes solo recibirían la ciudadanía estadounidense si uno de sus progenitores ya se había naturalizado o tenía una green card. Esto significaba que los hijos de las personas que eran parte del programa Dreamers y de muchos otros migrantes que han vivido toda su vida en Estados Unidos ya no serían ciudadanos por nacimiento.

En menos de 24 horas ya se habían presentado múltiples demandas para impugnar la orden. El 5 de febrero, la jueza Deborah Boardman, del Tribunal de Distrito de Maryland, emitió un mandamiento judicial a nivel nacional que impedía al gobierno federal poner en práctica esta política inconstitucional. Desde entonces, todos los tribunales que han examinado este asunto han dictaminado que la orden de Trump no debe entrar en vigor.

Se han publicado varias noticias sobre el caso de la ciudadanía por derecho de nacimiento, y la Corte Suprema escuchó los alegatos orales sobre el caso el jueves. La mayoría de estos artículos se han enfocado en cuestiones jurídicas técnicas: si los tribunales inferiores pueden emitir mandamientos judiciales temporales a nivel nacional e impedir que una política federal entre en vigor en todo el país mientras el caso sigue su curso en los tribunales, y bajo qué circunstancias. Pero la atención prestada a esta cuestión jurídica ha eclipsado lo que realmente está en juego: la definición de la ciudadanía en Estados Unidos y lo que significa ser estadounidense.

Si el gobierno de Trump se impone en su cruzada para anular la ciudadanía por derecho de nacimiento, dará lugar a una población de recién nacidos sin estatus legal.

Desde el periodo de la Reconstrucción, cualquier niño nacido en Estados Unidos ha podido acceder a la ciudadanía, independientemente de la nacionalidad o raza de sus padres.

A medida que llegaban más migrantes a Estados Unidos, algunos argumentaban que los hijos de estos no debían tener derecho a la ciudadanía. En 1898, la Corte Suprema rechazó esa idea, dictaminando que los hijos de los migrantes están protegidos por la Decimocuarta Enmienda. El asunto se consideró resuelto. Hasta ahora.

En el caso llevado a la Corte esta semana, el gobierno eludió la cuestión central de la ciudadanía por derecho de nacimiento, enfocando su argumento en la cuestión, más limitada, de si los jueces deberían tener la capacidad de dictar mandamientos judiciales a escala nacional. Como resultado, el caso no proporcionará una resolución definitiva sobre la cuestión constitucional principal. La cuestión de la ciudadanía por derecho de nacimiento podría llegar de nuevo a la Corte el año que viene, impugnando la orden ejecutiva por motivos constitucionales y legales. En ese momento, el tribunal podría declarar inconstitucional su fundamento.

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Aun así, si el gobierno se impone en este caso, la reinterpretación unilateral de la Constitución por parte de Trump se aplicará, por ahora, en 28 estados, y esa suspensión de la ciudadanía por derecho de nacimiento, aunque solo dure unos meses, tendrá profundas consecuencias.

Aunque los demandantes en este caso seguirán protegidos por el mandamiento judicial, todas las familias tendrán que demostrar que sus hijos tienen derecho legal a vivir en Estados Unidos, un proceso que podría resultar costoso y estresante. Incluso los ciudadanos estadounidenses tendrían que presentar un documento de identidad para confirmar la ciudadanía de sus hijos, o incluso tendrían que demostrar su propio estatus legal, pues un acta de nacimiento por sí sola ya no sería suficiente.

A los bebés a los que se niegue la ciudadanía estadounidense se les podrían negar otras formas de identificación, lo que dificultaría o imposibilitaría la administración de vacunas esenciales o la obtención de un número de seguridad social. Las aseguradoras médicas podrían negarles la cobertura a estos bebés sin patria, lo que significa que a un bebé prematuro que necesite atención urgente se le podría negar el tratamiento. Los hospitales también podrían verse obligados a evaluar el estatus de ciudadanía de los padres en las salas de partos, lo que aumentaría el riesgo de discriminación contra quienes se piense erróneamente que son migrantes.

Los niños que no tienen estatus legal podrían ser vulnerables a la deportación. Se trata de una perspectiva alarmante, dado que este gobierno está pagando millones de dólares a El Salvador por encarcelar indefinidamente a hombres sin el debido proceso.

Cabe señalar que esta orden afectará a todo tipo de migrantes, incluso a los que el gobierno no tiene autoridad legal para deportar. Eso incluye a las personas a las que se ha concedido un estatus temporal, a los Dreamers y a otras personas para las que se ha aprobado la concesión de beneficios migratorios pero que están atrapadas en el limbo de los trámites migratorios. Los padres migrantes con estatus legal podrían enfrentarse a la amenaza de que sus hijos sean deportados. No es difícil imaginar un escenario en el que este gobierno pague a otro país para que acoja al creciente número de niños apátridas, con o sin sus padres.

Si la Corte Suprema finalmente examina el fondo de la propia orden ejecutiva y la considera inconstitucional, el gobierno federal tendrá que crear un proceso que garantice que estos niños potencialmente apátridas puedan acceder a la ciudadanía estadounidense. Si el gobierno de Trump se niega, podría crear una subclase de niños con derechos limitados. Aún no sabemos lo que eso implicará a largo plazo.

Mientras tanto, si la Corte permite que esta orden entre en vigor, aunque sea temporalmente, el poder ejecutivo podría sentirse con más confianza para ir más lejos en sus intentos de socavar los derechos constitucionales que mantienen unida nuestra imperfecta democracia.

Andrea R. Flores es abogada y vicepresidenta de política de inmigración y campañas de FWD.us, un grupo político bipartidista que apoya la reforma de las políticas de inmigración y justicia penal.

The New York Times