Participación Ciudadana: Proyecto de Ley de Libertad de Expresión es avance importante, pero requiere ajustes clave
Santo Domingo, 26 mayo. – El movimiento cívico apartidista Participación Ciudadana valoró positivamente el esfuerzo realizado por la comisión encargada de redactar el Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, destacando que se trata de un intento necesario para actualizar un marco normativo vigente desde 1962, claramente desfasado ante los avances tecnológicos actuales.
Según Participación Ciudadana, el proyecto presenta numerosos aspectos positivos. Por ejemplo, reconoce el acceso a internet como un derecho fundamental, prohíbe la censura indirecta mediante la distribución arbitraria de recursos públicos, distingue entre periodistas y comunicadores sociales, y establece el principio de neutralidad de la red.
También protege el secreto profesional y la cláusula de conciencia para periodistas, regula las plataformas digitales y refuerza la transparencia en redes y buscadores con más del 10 % de usuarios del país.
En el ámbito audiovisual, Participación Ciudadana resalta que la propuesta garantiza el acceso gratuito a la radio y televisión abierta, fortalece la industria nacional de contenidos, exige transparencia sobre la propiedad de medios y fija reglas claras para proteger a niños, adolescentes y personas con discapacidad.
Además, crea un nuevo órgano regulador, el Instituto Nacional de Comunicaciones (INACOM), diseñado bajo un modelo colegiado similar al del INDOTEL, con autonomía funcional, financiera y administrativa, sustituyendo al actual Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.
Sin embargo, Participación Ciudadana advierte que el proyecto contiene artículos que requieren revisión. Por ejemplo, el artículo 9, al limitar los archivos informativos a informaciones “veraces”, podría abrir la puerta a pedidos de borrado bajo interpretaciones subjetivas.
Asimismo, el artículo 13 exige que los directores de medios residan permanentemente en el país, desconociendo las dinámicas del trabajo digital actual (Participación Ciudadana).
Otro punto señalado es el artículo 20, que establece la obligación de permitir la auditoría de algoritmos y códigos fuente, pero no detalla los procedimientos para hacerlo efectivo. Además, el artículo 23 sobre la “desindexación” de contenidos no prevé excepciones para procesos judiciales, especialmente los relacionados con corrupción pública, lo que Participación Ciudadana considera una omisión relevante.
En cuanto al rol del INACOM, Participación Ciudadana alerta que el artículo 36 le atribuye velar por el “buen uso de la lengua nacional”, un concepto vago que podría usarse para justificar censuras.
También cuestiona que el período de inamovilidad de los miembros del Consejo Directivo sea solo de dos años, lo que debilitaría su independencia, recomendando elevarlo a cuatro años.
Finalmente, Participación Ciudadana advierte sobre el riesgo de censura en la regulación de espectáculos públicos, al usar términos como “honor”, “dignidad” o “moral” de manera general, y pide que las sanciones en estos casos sean impuestas por un tribunal judicial, no por el órgano administrativo.
Asimismo, expresa preocupación por la posibilidad de que, durante procesos judiciales, se ordene suprimir datos considerados difamatorios, ya que esto podría afectar la presentación de casos en etapas tempranas (Participación Ciudadana).
