Exviceministra de Medio Ambiente presenta querella por difamación contra Ángel Martínez Jiménez
Santo Domingo, 28 de mayo de 2025. La exviceministra del Ministerio de Medio Ambiente, Milagros Marina De Camps Germán, presentó una querella formal por difamación e injuria agravada contra el autodenominado detective privado Ángel Ramón De Jesús Martínez Jiménez y otras personas.
La acción legal fue interpuesta ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional como parte de un conjunto de procesos iniciados el pasado 24 de enero de 2025.
La querella fue elaborada y firmada por los abogados Amauris Vásquez Disla, Diana De Camps Contreras, Paul Concepción, Mariela Santos Jiménez y Félix M. Santana Reyes. En el documento, los juristas acusan a los imputados de cometer delitos tipificados en los artículos 367 y siguientes del Código Penal Dominicano, así como de violar disposiciones de la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
La acusación se fundamenta en una serie de publicaciones y videos difundidos en redes sociales, que según la parte querellante vulneran derechos fundamentales como la dignidad humana y la integridad personal de la exfuncionaria.
Según explica el documento, los contenidos en cuestión fueron acompañados de lenguaje burlón, imágenes manipuladas y afirmaciones alejadas de la verdad, lo que configuraría una campaña organizada de difamación con alto impacto viral.
En el mismo documento, los abogados solicitan una indemnización por daños y perjuicios ascendente a diez millones de pesos dominicanos (RD$10,000,000.00), monto que, de acuerdo con la querella, se destinaría íntegramente a la protección y conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
Los abogados subrayan en su escrito que las redes sociales, si bien son espacios para el ejercicio de la libertad de expresión, no constituyen zonas exentas de regulación legal.
Argumentan que el marco jurídico dominicano e internacional establece límites claros, especialmente cuando se trata de expresiones que vulneran derechos de terceros.
Según sostienen, las declaraciones emitidas por los imputados no están amparadas bajo el derecho a la libre expresión, pues se trata de imputaciones falsas, ultrajantes y ofensivas, cuyo único propósito es dañar la reputación y dignidad de la persona afectada.
El documento de querella califica el caso como un ejemplo de uso malicioso de las plataformas digitales y del abuso del derecho a expresarse, señalando que las motivaciones detrás de los contenidos difundidos no fueron el pensamiento ni el debate, sino el odio, la manipulación y el descrédito personal.
