MP solicita 18 meses de prisión preventiva para cabecillas de red de trata desmantelada en Puerto Plata
SANTO DOMINGO, 2 junio- El Ministerio Público ha solicitado la declaratoria de caso complejo y la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra Julio de la Cruz Vásquez, alias “Nacho” o “Gordo”, y Leonelis Rodríguez Martínez, identificados como los cabecillas de una red transnacional de trata de personas con fines de explotación sexual comercial, recientemente desmantelada en Puerto Plata.
La solicitud de medidas de coerción fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata, donde ambos enfrentan cargos por trata agravada de personas, abuso psicológico y sexual contra menores, y proxenetismo agravado, en violación de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como del Código para la Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03). Además, a De la Cruz Vásquez se le imputa el delito de usurpación de funciones.
Las autoridades ejecutaron una orden de arresto luego de establecer, en el curso de la investigación, que los imputados captaban, trasladaban y ofertaban mujeres y adolescentes de distintos barrios de Puerto Plata para fines de explotación sexual.
La acción se desplegó el pasado 30 de mayo, en un operativo dirigido por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de Puerto Plata, encabezadas por la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez y el fiscal Warlyn Taveras, junto a la fiscal de la PETT Noelia Taveras y las fiscales locales Carmen Daynisa Rosario Pascual, Carmelina Soto e Hilda Patricia Lagombra Polanco.
Como parte de las diligencias, fue allanada una villa de dos niveles ubicada en la calle principal del sector Cupey, en el municipio San Felipe, que funcionaba como centro de operaciones de la red. Allí fueron rescatadas nueve víctimas: seis mujeres adultas, de entre 18 y 28 años, y tres adolescentes de 17 años.
La investigación reveló que en el lugar se ofrecían servicios sexuales de mujeres y adolescentes, cobrando sumas entre 120, 200, 250 y 400 dólares. En un caso específico, se estableció que De la Cruz Vásquez recibió un pago de 1,600 dólares por un solo servicio sexual.
Durante el operativo fueron incautados un minibús, dinero en pesos y dólares, teléfonos móviles, diversas bebidas alcohólicas, y un carnet de identificación de empleado temporal de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) a nombre de De la Cruz Vásquez.
Las autoridades iniciaron las acciones tras recibir, el 13 de marzo de 2025, una denuncia confidencial canalizada por la División Especializada de Investigación contra Delitos Migratorios (Deidem), adscrita a la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional.
El Ministerio Público destaca la gravedad de los hechos y la existencia de un esquema estructurado de criminalidad organizada, por lo que considera imprescindible la imposición de prisión preventiva para garantizar el éxito de la investigación y evitar riesgos de fuga o entorpecimiento del proceso judicial.
