Ministerio Público solicita prisión preventiva y arresto domiciliario contra Antonio y Maribel Espaillat: los acusa de homicidio involuntario, negligencia criminal y poner en riesgo vidas en el caso Jet Set
SANTO DOMINGO, 15 junio.- El Ministerio Público de la República Dominicana presentó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional una solicitud de medidas de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados de homicidio involuntario y de ocasionar golpes y heridas involuntarias a cientos de personas, como resultado del colapso del techo del Jet Set Club ocurrido en la madrugada del pasado 8 de abril.
El desplome dejó un saldo trágico de 235 personas fallecidas, más de 180 heridos y al menos 130 niños en situación de orfandad.
La solicitud del órgano acusador contempla prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel Espaillat, ambos señalados como responsables de múltiples violaciones a normas técnicas, administrativas y legales, cuya acumulación derivó en uno de los hechos más dolorosos y trágicos en la historia reciente del país.
Según informó el Ministerio Público, el expediente está sustentado en más de 130 medios de prueba, que incluyen informes técnicos, peritajes estructurales, testimonios de empleados, registros audiovisuales, fotografías, y documentos internos del establecimiento, entre otros elementos.
Estos evidencian una conducta sistemática de negligencia grave por parte de los imputados, quienes, a pesar de conocer los riesgos estructurales del inmueble, continuaron operando el local y desestimaron las advertencias sobre el peligro inminente de colapso.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, explicó que la procuradora general Yeni Berenice Reynoso dispuso desde el primer momento la apertura de una investigación exhaustiva y sin restricciones, con el objetivo de evitar cualquier posibilidad de impunidad. “Estos hechos han generado un duelo colectivo en toda la República Dominicana. La procuradora dispuso que el caso fuera tratado con la rigurosidad que merece, para garantizar justicia a las víctimas y a sus familiares”, afirmó Camacho.
El Ministerio Público describió el comportamiento de Antonio y Maribel Espaillat como “irresponsable, negligente y con total desprecio por la vida humana”. De acuerdo con los informes técnicos recabados, los imputados realizaron múltiples intervenciones en la infraestructura del Jet Set Club sin la asesoría de ingenieros ni estudios técnicos adecuados.
Entre las modificaciones más graves se encuentra la instalación de seis unidades de aire acondicionado de entre 15 y 20 toneladas cada una, además de tinacos de agua sobre la cubierta del local, sobrecargando peligrosamente la estructura sin verificar su capacidad de soporte.
Los fiscales del caso también denunciaron que, en lugar de corregir los daños o cerrar el establecimiento, los imputados optaron por soluciones superficiales y de bajo costo, guiados por intereses económicos.
A pesar de recibir advertencias frecuentes y reportes de sus empleados sobre la caída de escombros, grietas visibles y sonidos estructurales anómalos, continuaron programando actividades multitudinarias.
El caso adquiere mayor gravedad con el testimonio de varios testigos, quienes señalaron que la noche previa al colapso, Maribel Espaillat fue informada sobre desprendimientos visibles de materiales del techo y, aun así, decidió no suspender la actividad prevista.
Alegó que su hermano no se encontraba disponible y que la cancelación generaría pérdidas económicas. Esta decisión, según el Ministerio Público, demuestra un patrón de indiferencia criminal hacia la seguridad de los asistentes y trabajadores del local.
Asimismo, el órgano acusador documentó actos de intimidación y coacción contra testigos del caso, señalando que esta conducta constituye un riesgo procesal evidente que justifica las medidas de coerción solicitadas.
“La intimidación a testigos ha sido verificada dentro del proceso. Es un elemento clave que refuerza el pedido del Ministerio Público de prisión preventiva y arresto domiciliario, dada la peligrosidad y el intento de obstrucción de justicia por parte de los imputados”, sostuvo Camacho.
El expediente también detalla los resultados de los peritajes técnicos realizados tras la tragedia. Estos determinaron graves fallas estructurales en el edificio, como la ausencia de columnas esenciales para el soporte, anclajes deficientes en las vigas principales, y la falta de muros de mampostería de refuerzo. Estas fallas fueron calificadas por los expertos como resultado directo de las decisiones administrativas tomadas por los responsables del local.
“Si los imputados hubieran actuado conforme a derecho, respetando las normas de construcción, obteniendo los permisos correspondientes, y valorando la vida humana por encima del interés económico, esta tragedia habría sido completamente evitable”, concluye la solicitud del Ministerio Público.
Durante la audiencia inicial para el conocimiento de las medidas de coerción, el procurador Camacho estuvo acompañado por los fiscales Rosalba Ramos (titular del Distrito Nacional), Magalys Sánchez, Héctor García, Enmanuel Ramírez y Miguel Collado.
El juez de la Oficina de Atención Permanente, Rigoberto Sena, acogió una solicitud de los abogados de los imputados para preparar su defensa, y aplazó la audiencia para el próximo miércoles a las 11:00 de la mañana.
