Ministerio Público apela libertad otorgada a los hermanos Espaillat tras tragedia en Jet Set Club
SANTO DOMINGO, República Dominicana., 28 junio– La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Fiscalía del Distrito Nacional interpusieron un recurso de apelación contra la decisión de la jueza Fátima Veloz, quien otorgó libertad condicional a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, implicados en el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club.
El trágico incidente, ocurrido el pasado 8 de abril, dejó un saldo de 235 personas fallecidas y más de 180 heridas.
El fiscal Emmanuel Ramírez, adscrito a la Dirección General de Persecución, formalizó el recurso ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, argumentando que la medida de coerción dictada por la jueza no guarda proporción con la gravedad de los hechos imputados.
Además, enfatizó que la decisión judicial no consideró adecuadamente el riesgo de que los acusados intimiden a los testigos del caso.
“Reiteramos nuestra solicitud inicial: prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel Espaillat, por ser estas las medidas de coerción más adecuadas para garantizar el avance de la investigación”, declaró Ramírez.
Ahora será la Corte de Apelación del Distrito Nacional la encargada de asignar la sala que conocerá tanto el recurso del Ministerio Público como el de los cientos de querellantes que también se oponen a la decisión judicial.
Una decisión cuestionada
La audiencia en la que se impuso la medida de coerción se llevó a cabo el pasado 18 de junio y se extendió por aproximadamente 14 horas. Durante esta, la jueza Veloz dispuso una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país para ambos imputados, dentro de un proceso que ha sido declarado como complejo.
El procurador adjunto Wilson Camacho calificó la resolución como “una burla a las víctimas”, señalando que no se valoró con el debido peso el daño causado a la sociedad dominicana y a las familias afectadas. “Hablamos de 235 personas muertas, más de 180 heridas y más de 130 niños que quedaron huérfanos por una conducta guiada por el interés económico en detrimento de la seguridad humana”, denunció.
Camacho lideró el equipo litigante junto a los fiscales Rosalba Ramos, Héctor García, Magalys Sánchez, Emmanuel Ramírez, Rosa Ysabel Mejía, Miguel Collado y Vladimir Viloria. En apoyo a su solicitud de medidas más severas, el Ministerio Público presentó más de 130 elementos probatorios.
Según la investigación, los hermanos Espaillat incrementaron su responsabilidad penal al sobrecargar el techo del establecimiento con equipos de climatización de gran tamaño y tinacos de agua, sin llevar a cabo estudios técnicos que garantizaran la resistencia estructural. A pesar de recibir advertencias internas sobre el deterioro del techo, los imputados optaron por ignorarlas, priorizando el ahorro económico sobre la seguridad de los asistentes.
