Imponen garantía económica de RD$5 millones a dueño de car wash vinculado a red de trata de personas en San Francisco de Macorís
Santo Domingo, República Dominicana, 30 junio. – La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso este lunes una garantía económica de cinco millones de pesos dominicanos, a través de una compañía aseguradora, contra Wilson Yanet Then Cruz, propietario de un car wash en San Francisco de Macorís, señalado por el Ministerio Público como cabecilla de una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Además de la garantía económica, la jueza Josefina Noemí Díaz ordenó como medidas de coerción la presentación periódica ante el tribunal y el impedimento de salida del país para Then Cruz, de 56 años.
La decisión fue tomada tras considerar las pruebas presentadas por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de la provincia Duarte.
La investigación liderada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, y la procuradora fiscal Smaily Yamel Rodríguez, reveló una operación organizada en torno al establecimiento Wiljery Car Wash, propiedad del imputado.
Según el expediente, el lugar, que funcionaba oficialmente como un lavadero de vehículos y expendio de bebidas alcohólicas, era en realidad la fachada de una red dedicada a ofrecer servicios sexuales a terceros mediante la explotación de al menos 20 mujeres.
El Ministerio Público solicitó inicialmente prisión preventiva por tres meses para Then Cruz, sustentando su petición en múltiples evidencias y testimonios que confirman la captación, control y explotación sistemática de mujeres en el local comercial.
La red utilizaba el car wash como punto central para ofrecer servicios sexuales, por los cuales los clientes pagaban directamente en el negocio. Dentro del local se habían acondicionado habitaciones privadas, diseñadas específicamente para facilitar los encuentros sexuales, lo que, según las autoridades, evidencia la planificación y permanencia del delito.
Durante el desarrollo de la operación, Then Cruz fue arrestado frente a su negocio, en cumplimiento de la orden judicial número 601-01-2024-EADM-00107. Tras su aprehensión, fue sometido inmediatamente a la justicia.
El expediente resalta que varias de las víctimas eran mujeres provenientes de provincias cercanas, quienes eran trasladadas hasta el establecimiento y en algunos casos permanecían allí entre una y dos semanas. Esta modalidad de captación, traslado y alojamiento de las víctimas configura un patrón típico de trata de personas.
El Ministerio Público ha calificado la conducta de Then Cruz bajo el marco de la Ley No. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Específicamente, se le imputa violar el artículo 3 de dicha ley, que tipifica y sanciona la trata de personas, así como el artículo 7, que contempla las circunstancias agravantes del delito.
Las autoridades han reiterado su compromiso de perseguir y sancionar este tipo de redes delictivas que vulneran los derechos humanos de mujeres y jóvenes, al tiempo que llaman a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la trata o la explotación sexual.
El caso ha generado amplia atención mediática y social, debido a la naturaleza del delito y la presunta implicación de un empresario local, en una actividad ilegal encubierta bajo una fachada comercial aparentemente legítima.
El proceso judicial continúa en curso, mientras el Ministerio Público profundiza las investigaciones para determinar si existen otros implicados o cómplices en la red de explotación.
