Prorrogan por cuatro meses la investigación contra red de narcotráfico internacional desmantelada en la Operación Búfalo NK
SANTO DOMINGO, 2 julio.– Un tribunal del Distrito Nacional otorgó una prórroga de cuatro meses al Ministerio Público para concluir la investigación y presentar acusación formal contra los diez imputados en el caso derivado de la Operación Búfalo NK, un amplio operativo desplegado en septiembre pasado contra una red internacional de narcotráfico con ramificaciones en Colombia, Puerto Rico y República Dominicana.
La decisión fue adoptada por la jueza Yanibeth Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Este proceso fue declarado complejo el 5 de octubre de 2024 por el juez Rigoberto Sena, quien además impuso prisión preventiva contra ocho de los acusados: Rafael Ynoa Santana, Isidoro Rotestán Clase, Juan Bolívar Hernández, José Antonio Toribio, Juan Henríquez Tavárez, Severiano Núñez Pichardo, Robert Nicolás Acosta Adames y Cristian Esteban Alcántara Javier.
Las otras dos imputadas, Germania Mercedes Natali Román y Maritza Flete Santana, enfrentan medidas cautelares que incluyen impedimento de salida del país y el pago de garantías económicas por RD$500,000 y RD$200,000, respectivamente.
El principal acusado, Rafael Ynoa Santana, se encuentra en prisión preventiva en el centro penitenciario de La Romana, mientras que los demás permanecen en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
Durante la audiencia de medidas de coerción, tres de los imputados, incluido el supuesto cabecilla Ynoa Santana y su pareja sentimental, Germania Román, admitieron su participación en los hechos imputados.
Según la instancia del Ministerio Público, un documento de más de 200 páginas, el caso presenta todos los elementos característicos del crimen organizado, incluyendo tráfico internacional de drogas, lavado de activos y asociación de malhechores.
Los arrestos se realizaron mediante un amplio operativo simultáneo por aire, mar y tierra en las provincias Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Romana y Samaná.
Las acciones fueron coordinadas por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con apoyo del Ministerio de Defensa, organismos de inteligencia del Estado y cooperación internacional de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Comando Sur de Estados Unidos.
La red criminal trasladaba grandes cargamentos de drogas desde Colombia y Venezuela hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, utilizando lanchas rápidas y barcos pesqueros.
Las sustancias ingresaban por territorio dominicano y puertorriqueño, donde eran almacenadas y redistribuidas a los mercados internacionales. En estos destinos, el valor de las drogas se triplicaba, generando considerables beneficios económicos para la organización.
