Fundación Justicia y Transparencia solicita anulación del pliego de condiciones de licitación del INTRANT por presuntas irregularidades
SANTO DOMINGO, 2 julio.– La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) ha solicitado formalmente a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) la anulación del pliego de condiciones correspondiente a la licitación INTRANT-CCC-LPN-2025-001, relacionada con la gestión y manejo de las licencias de conducir, alegando múltiples violaciones a principios constitucionales, legales y reglamentarios establecidos en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación No. 423-16.
Según la FJT, el pliego contiene requisitos que califican como desproporcionados y contradictorios, entre ellos, la exigencia de una facturación mínima anual de cinco años, mientras que los estados financieros requeridos cubren solo tres años.
Esta incongruencia, advierte la organización, genera incertidumbre jurídica y podría excluir de forma injusta a posibles oferentes.
Otro aspecto que preocupa a la entidad es la obligación impuesta a los participantes de conformar consorcios con fabricantes de impresoras, plásticos y otros insumos esenciales.
Esta condición, explica la FJT, penaliza con la pérdida de cinco puntos a quienes no presenten certificados de acuerdos con fabricantes de tarjetas de policarbonato y de impresoras láser, lo que en conjunto podría traducirse en una desventaja de hasta diez puntos.
Máximo Calzado Reyes, vicepresidente ejecutivo de la FJT, señaló que dicha previsión vulnera principios fundamentales como la razonabilidad, igualdad, libertad de empresa, libre competencia y participación equitativa en los procesos públicos. A su juicio, estas condiciones limitan de forma irrazonable las oportunidades de muchos interesados en participar en el proceso.
Ante esta situación, la FJT solicita a la DGCP la suspensión inmediata del proceso y una revisión profunda del pliego de condiciones, con el objetivo de garantizar la equidad y la transparencia en la licitación.
Además, hizo un llamado a la recientemente instalada Comisión de Veeduría de la Sociedad Civil —formalizada el pasado 10 de junio por el INTRANT y la DGCP— para que evalúe las preocupaciones planteadas, más aún cuando se trata de un contrato que implica una suma millonaria de RD$8,175 millones.
La fundación concluyó su solicitud advirtiendo que, de no atenderse las irregularidades señaladas, se estaría frente a un proceso que restringe la competencia y favorece a un grupo reducido de oferentes, atentando contra los principios de pluralidad y transparencia que deben regir las contrataciones públicas.
Asimismo, reiteraron su disposición de acudir a todas las instancias pertinentes, ya sean sociales, administrativas o judiciales, con el objetivo de asegurar que este proceso licitatorio se lleve a cabo bajo los estándares más altos de legalidad y justicia.
