Mujeres haitianas indocumentadas enfrentan partos en condiciones precarias por miedo a ser deportadas

Santo Domingo, 4 julio. – En medio de un clima de tensión migratoria y nuevas restricciones en el sistema de salud público dominicano, las mujeres haitianas indocumentadas han comenzado a enfrentar sus embarazos y partos en condiciones cada vez más riesgosas, muchas veces fuera del sistema hospitalario.

La combinación de miedo, falta de recursos y políticas de control migratorio ha creado una realidad en la que dar a luz en casa, sin asistencia médica, se ha vuelto una alternativa forzada para decenas de mujeres vulnerables.

Tal es el caso de una joven haitiana residente en la provincia Espaillat, que se vio obligada a dar a luz en su hogar por temor a acudir a un hospital público y no contar con los recursos para pagar una clínica privada.

La bebé nació sin complicaciones mayores, pero con una hernia umbilical de gran tamaño que no ha sido tratada médicamente. A dos meses de su nacimiento, la niña tampoco ha recibido el esquema básico de vacunación ni el seguimiento médico neonatal que corresponde a todo recién nacido.

El padre de la bebé, un obrero de la construcción que solicitó el anonimato, explicó que no han podido llevarla a un centro de salud por la situación económica. “A veces uno consigue para la comida, entonces no da (el dinero). Aparte de eso, estamos haciendo algunos tés para la hernia”, relató.

Esta historia se repite en distintos puntos del país, contradiciendo las afirmaciones del director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, quien ha negado que mujeres extranjeras estén dando a luz fuera de los hospitales desde que en abril se activó un nuevo protocolo de atención a pacientes extranjeros indocumentados.

Según Lama, si no hay partos en hospitales ni en clínicas, y tampoco en casas como indican sus investigaciones, entonces muchos de los partos registrados antes en hospitales públicos correspondían a mujeres en tránsito.

Sin embargo, los datos y testimonios de organizaciones sociales y médicos contradicen esa versión oficial. La muerte de Lourdia Jean Pierre, una mujer haitiana de 32 años que falleció en mayo en El Seibo intentando dar a luz sin asistencia médica, encendió las alarmas. Según reportes, Jean Pierre evitó acudir a un hospital por temor a ser deportada.

Roudy Joseph, portavoz del Colectivo Haitianos RD, indicó que en solo una semana han acompañado a seis mujeres que dieron a luz en sus hogares. “Por suerte no han tenido complicaciones de muerte, pero sí las han tenido. A algunas les ha faltado sangre.

Después de dar a luz quedan en una condición crítica”, aseguró. Su organización también realiza colectas para apoyar a mujeres que, tras complicaciones en sus partos, se ven obligadas a acudir a clínicas, muchas veces con costos elevados.

La situación ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y de la salud pública. Syra Taveras Pineda, directora ejecutiva del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), advirtió que mientras estas mujeres traten de resolver por su cuenta sus complicaciones obstétricas, se incrementará el número de muertes maternas y neonatales.

Taveras advirtió además que esta situación podría traducirse en un mayor gasto en salud pública, ya que las mujeres que eventualmente ingresan al sistema lo hacen en condiciones médicas mucho más graves.

Desde el sector médico también se reportan casos extremos. El doctor Félix Cruz Jiminián, conocido por su labor filantrópica, explicó que en su clínica han recibido varias pacientes haitianas en estado crítico. Mencionó el caso de una mujer con un embarazo ectópico que llegó inconsciente y con una hemorragia masiva. “Tuvimos que ponerle seis pintas de sangre, que tuvimos que comprar nosotros.

Estuvo diez días intubada en cuidados intensivos”, narró. También atendió recientemente a una adolescente de 17 años embarazada, huérfana y residente en el país, quien no conoce Haití. “Si mandan a esa muchacha para Haití y ese niño aquí, ese es un problema que yo lo miro desde dos partes: la legal y la humana”, expresó el doctor.

Aunque reconoce que la cantidad de extranjeras que atiende ha disminuido, y actualmente oscila entre uno y dos casos por día, Cruz Jiminián subraya que no puede negar atención médica por razones migratorias. “Como creo en Dios, yo no puedo permitir que una mujer se muera por no darle atención médica. Yo las atiendo, sin importar las consecuencias”, concluyó.

El nuevo protocolo de salud activado por el Gobierno el pasado 21 de abril obliga a los pacientes extranjeros a presentar una identificación válida, una carta laboral y prueba de domicilio en el país para poder ser atendidos en los hospitales públicos.

los 33 hospitales con mayor afluencia de pacientes haitianos se colocaron agentes de la Dirección General de Migración (DGM) para verificar la documentación y proceder con las deportaciones en caso de incumplimiento.

Esta política ha provocado que muchas mujeres haitianas opten por no acudir a los hospitales, incluso ante emergencias obstétricas, por miedo a ser deportadas. Aunque el objetivo del plan es regular el uso de los servicios públicos de salud por parte de extranjeros indocumentados, sus consecuencias se reflejan en partos domésticos sin garantías médicas, en muertes evitables y en un deterioro de las condiciones de salud para mujeres y recién nacidos.