Intrant lleva a la justicia a empresa Dekolor por presunto intento de soborno y extorsión
Santo Domingo, 7 julio. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), bajo la dirección de Milton Morrison, ha interpuesto una querella penal con constitución en actor civil contra la empresa Dekolor, a la que acusa de intentar sobornar a funcionarios, ejercer amenazas personales y cometer otros delitos vinculados a actos de corrupción administrativa.
La denuncia, presentada el pasado viernes 4 de julio ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), señala directamente al presidente de Dekolor, Rogelio Oruña, y a la gerente general, Sandra Oruña.
Según informó el Intrant mediante un comunicado oficial, los señalamientos incluyen un supuesto intento de soborno equivalente a un millón de dólares, además de pagos mensuales de tres millones de pesos. Estos fondos, presuntamente entregados en efectivo, tenían como objetivo presionar a funcionarios clave del organismo y lograr una extensión no licitada de un contrato estatal vencido.
Dicho contrato fue originalmente firmado en enero de 2020 por un periodo de cinco años, y otorgaba a Dekolor la gestión de un sistema nacional para la emisión y renovación de licencias de conducir. También incluía la operación de 21 centros de atención, así como la provisión de personal, equipos y tecnología.
A pesar de que el acuerdo fue modificado tres veces mediante adendas que no contaron con la aprobación del Consejo del Intrant, la empresa habría insistido en su renovación, eludiendo los canales legales establecidos, según detalla la entidad.
Los cargos imputados abarcan delitos como soborno (Ley 448-06), asociación de malhechores, lavado de activos (Ley 155-17), estafa al Estado, y chantaje o extorsión electrónica, de acuerdo con el Código Penal y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
La querella, según el Intrant, se apoya en evidencias documentales, testimonios y auditorías internas, incluyendo informes de la Contraloría General, lo cual evidenciaría la existencia de una estructura organizada para manipular decisiones administrativas y desviar fondos públicos. Además, el documento señala la posibilidad de que existan otros implicados, cuya responsabilidad deberá ser esclarecida por el Ministerio Público.
Antecedentes cuestionables
Dekolor no es ajena a la controversia. En 2005, su participación en el contrato de suministro de licencias de conducir generó críticas por parte de otras empresas que aseguraban ofrecer propuestas más económicas.
Más recientemente, en 2023, volvió a estar en el centro del debate público tras revelarse su vínculo como fiadora solidaria de Transcore Latam, empresa implicada en el fallido contrato de semáforos inteligentes para el Gran Santo Domingo, actualmente bajo investigación judicial.
