Presidente de empresa habría ofrecido soborno millonario al director del Intrant para mantener contrato de licencias

Santo Domingo, 8 julio. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) ha interpuesto una querella penal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) contra la empresa Dekolor SRL, su presidente Rogelio Oruña y la gerente general Sandra Oruña, por presuntos intentos de soborno y maniobras irregulares con el objetivo de retener el contrato estatal para la expedición y renovación de licencias de conducir.

De acuerdo con el documento legal, al que tuvo acceso la prensa, Rogelio Oruña habría visitado personalmente al director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, en su despacho, donde presuntamente le ofreció un millón de dólares —equivalentes a más de 60 millones de pesos— a cambio de modificar los términos de referencia de la nueva licitación para beneficiar a su empresa. Además, se le atribuye haber propuesto un pago mensual de tres millones de pesos durante cinco años si la empresa era nuevamente favorecida con el contrato.

Según el relato de los hechos, el acercamiento ocurrió el pasado 25 de mayo de 2025. No era la primera vez que representantes de la compañía intentaban negociar con Morrison. En enero del mismo año, dos emisarios enviados por Dekolor —Bolívar Batista Taveras y Georges Virgilio Ortiz Reyna— habrían realizado ofertas económicas similares.

La primera incluía un pago inicial de 24 millones de pesos y dos millones mensuales por una prórroga de dos años al contrato vencido. La segunda incrementó el pago inicial a 30 millones, manteniendo el mismo esquema mensual. Ambas propuestas fueron rechazadas por el funcionario.

En su declaración, Morrison afirmó que tras estas propuestas, el propio Rogelio Oruña acudió nuevamente al Intrant, esta vez visiblemente alterado y sin cita previa, para reiterar la oferta. Durante la conversación, insistió en que “esa licitación no nos la gana nadie” e instó al funcionario a “asociarse” con su empresa.

La respuesta del director fue categórica: rechazó la propuesta, alegando que cualquier prórroga sería ilegal, pero aclaró que Dekolor estaba en libertad de participar en el proceso de licitación que se convocaría en los meses siguientes, en igualdad de condiciones con otras compañías.

La empresa Dekolor SRL ha sido responsable del servicio de emisión de licencias de conducir desde el año 2005, y en enero de 2020 firmó un contrato de concesión con vigencia de cinco años con el Intrant. Ante la proximidad del vencimiento del contrato, la empresa habría intensificado sus gestiones para asegurarse una extensión o una nueva adjudicación.

Morrison, quien asumió la dirección del Intrant en 2024, encontró que al momento de su llegada existía una deuda acumulada de 500 millones de pesos a favor de Dekolor.

Durante el proceso de revisión de los términos contractuales y financieros, también surgieron inquietudes sobre el funcionamiento del sistema de cobros, específicamente respecto a la empresa PagoRD Xchange SRL, encargada de procesar los pagos a través de verifones en el sistema operado por Dekolor.

Aunque inicialmente figuraban como empresas separadas, las investigaciones internas determinaron que PagoRD Xchange y Dekolor estaban estrechamente ligadas.

El sistema contemplaba que PagoRD Xchange debía retener un 10 % del valor de cada transacción como comisión, pero según la querella, se detectó una alteración en la configuración del sistema que permitió que la empresa privada retuviera el 90 %, mientras que el Estado recibía apenas el 10 %. Esta redistribución irregular habría generado un perjuicio estimado en 730 millones de pesos para las arcas públicas.

En consecuencia, el Intrant decidió poner fin a la relación contractual con PagoRD Xchange y convocar a un nuevo proceso de licitación para el servicio, el cual se inició el 10 de abril de 2025, con un presupuesto estimado en 8,175 millones de pesos para los próximos cinco años.

La querella también detalla otros hechos que refuerzan las sospechas sobre prácticas indebidas. A finales de diciembre de 2024, Dekolor habría enviado regalos navideños a varios empleados del Intrant, incluyendo cajas de vino y sobres con dinero en efectivo, supuestamente dirigidos a personal clave del área financiera.

En particular, se entregaron 200,000 pesos al director administrativo financiero César Nicolás Bobadilla Peralta y 150,000 pesos al encargado financiero Rolando Moronta Santos. Ambos funcionarios notificaron de inmediato al director ejecutivo, quien ordenó la devolución del dinero y los regalos a Sandra Oruña, gerente general de la empresa. Según la querella, ella minimizó el hecho al responder que “eso no era pecaminoso”.

En abril de 2025, ya iniciada la licitación pública para contratar a un nuevo proveedor del sistema de licencias, Rogelio Oruña sostuvo otra reunión con Morrison. Durante esta conversación, según el relato del Intrant, el empresario adoptó un tono abiertamente intimidatorio y advirtió: “Jochy te está preparando algo”, en referencia a José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochy Gómez.

Oruña también habría hecho alusión a supuestas cuentas bancarias de Morrison en Estados Unidos y a una propiedad en Florida que, según él, no había sido declarada. El funcionario interpretó esta información como un intento de chantaje por parte de la empresa.

Dekolor SRL no es ajena a controversias contractuales con el Estado dominicano. Desde su primer contrato en 2005, la empresa ha sido señalada por su participación en procesos de licitación cuestionados.

En ese entonces, otras compañías, como la británica De La Rue, impugnaron la decisión del gobierno dominicano. El caso llegó incluso a la embajada británica, cuyo representante, Andy Ashcroft, solicitó explicaciones a las autoridades locales.

El contrato firmado en 2020 fue objeto de al menos tres adendas, ninguna de las cuales, según el Intrant, fue aprobada por el Consejo de la institución, como exige la normativa vigente.

Además, Dekolor estuvo involucrada en otro caso polémico en 2023, cuando la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) reveló que actuó como fiadora solidaria de la empresa Transcore Latam, adjudicataria del contrato para instalar un sistema de semáforos inteligentes en el Gran Santo Domingo, cuya licitación fue posteriormente anulada y es objeto de una investigación judicial en curso.

La empresa Dekolor también ha compartido vínculos societarios con Aquiles Jiménez, señalado como beneficiario de Transcore Latam. Jiménez fue condenado en un proceso de difamación y estuvo vinculado públicamente al narcotraficante César Emilio Peralta, alias César el Abusador. En noviembre de 2020, fue detenido cuando intentaba viajar a los Estados Unidos.

La querella presentada por el Intrant se sustenta en una cronología documentada de hechos que, según la entidad estatal, configuran un patrón de intentos de soborno, maniobras contractuales irregulares y presiones indebidas orientadas a garantizar la permanencia de una empresa como proveedora del Estado, en violación de las leyes de compras y contrataciones públicas.

El proceso ahora se encuentra en manos de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, que deberá determinar si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal y, eventualmente, presentar cargos penales contra los implicados.