Ministerio Público lanza “Operación Lobo” contra red de sobornos vinculada a seguridad privada en el Estado
SANTO DOMINGO, 8 de julio de 2025 — El Ministerio Público activó este lunes la “Operación Lobo”, un amplio operativo anticorrupción orientado a desarticular una red delictiva que se valía del pago de sobornos para obtener y mantener contratos de servicios de seguridad privada en instituciones del Estado.
La operación, liderada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución, incluyó 15 allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional y la ciudad de Santiago. En el proceso fueron arrestadas al menos 15 personas presuntamente vinculadas al entramado criminal.
En el operativo participaron 26 fiscales de distintas dependencias del Ministerio Público, junto a 189 agentes de la Policía Nacional. Las investigaciones iniciales vinculan a la estructura con maniobras irregulares en contratos de seguridad en instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y las tres principales distribuidoras eléctricas del país: EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
De acuerdo con las autoridades, la investigación surgió a raíz de una denuncia canalizada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige la doctora Milagros Ortiz Bosch. A partir de esta alerta, el Ministerio Público inició una exhaustiva indagatoria que derivó en el despliegue de la Operación Lobo.
Fuentes del Ministerio Público indicaron que el caso continúa bajo investigación activa y que las acciones forman parte de la política de “cero tolerancia” contra la corrupción pública impulsada por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso. La línea de investigación adoptada responde a una visión integral para combatir el crimen administrativo desde todas sus vertientes.
En las próximas horas, se espera que el Ministerio Público deposite ante los tribunales la solicitud de medidas de coerción contra los arrestados, quienes enfrentarán cargos por corrupción, asociación de malhechores y otros delitos conexos.
