Holguín‑Vera: “El sistema de seguridad social fue desnaturalizado; Senasa está en crisis por sobrecarga y falta de recursos”

Santo Domingo, 9 julio. – El coordinador del Movimiento por las Pensiones a los Empleados Públicos, Luis Holguín‑Vera, advirtió que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) enfrenta una crisis estructural derivada del crecimiento acelerado del régimen subsidiado y de una desactualización crítica del financiamiento estatal.

Durante su participación en el programa Propuesta de la Noche, conducido por los periodistas Manuel Jiménez y Carlos Arturo Guisarre, transmitido por Teleimpacto (canales 52 y 22), Holguín‑Vera afirmó que el sistema de seguridad social dominicano fue desnaturalizado en su propósito original y está atrapado en una contradicción entre derechos ciudadanos y fines lucrativos.

“El Senasa es uno de los actores que más debemos defender porque como ARS pública juega un papel vital en el sistema dominicano de seguridad social, sobre todo en salud”, expresó al inicio de su intervención.

No obstante, explicó que la expansión abrupta del régimen subsidiado —especialmente durante la pandemia de COVID‑19— provocó un desbalance grave en la capacidad financiera de la entidad.

“Solamente a partir del 2020 se incorporaron 2.4 millones de personas. Eso implicó un crecimiento muy rápido y no se ajustó el per cápita que se paga por cada afiliado del régimen subsidiado”, detalló.

De acuerdo con Holguín‑Vera, Senasa tiene actualmente más de siete millones de afiliados, de los cuales cerca de seis millones pertenecen al régimen subsidiado.

“Ese esquema no es sostenible si el Estado no cumple con su responsabilidad de aportar los recursos suficientes”, señaló.

A su juicio, el problema central radica en la falta de actualización del per cápita, es decir, la cantidad que el sistema transfiere por cada afiliado para cubrir los servicios de salud. “Se necesita una revisión técnica del per cápita, y hay propuestas que indican que con ese ajuste se podría cubrir gran parte del déficit actual”, indicó.

Al explicar el funcionamiento del sistema, el entrevistado hizo una distinción entre tres elementos clave: cotización, per cápita y copago. “Hay que diferenciar la cotización, que es lo que uno aporta junto con el empleador; el per cápita, que es lo que se paga a las ARS por cada afiliado; y el copago, que es un pago adicional que hace el paciente cuando recibe el servicio”, aclaró.

Sobre este último, fue categórico al señalar que “el copago es una figura que no estaba contemplada en la ley. Entró por necesidad, pero representa un costo demasiado alto que recae sobre el afiliado”.

Holguín‑Vera también cuestionó la lógica de permitir que empresas privadas, motivadas por el lucro, administren riesgos de salud dentro del sistema.

“Es una inserción parasitaria. Buscan maximizar utilidades y eso no se corresponde con lo que debe ser el diseño de la seguridad social, que es garantizar derechos”, denunció.

Criticó que el artículo 1 de la Ley 87-01 no sitúa al afiliado como el centro del sistema, sino como garante financiero junto al Estado. “Desde el primer artículo, el sistema está mal enfocado. No habla de garantizar derechos, sino de asegurar el financiamiento”, afirmó.

Otro punto que abordó fue la falta de información a los ciudadanos sobre su estatus dentro del sistema. “Conozco muchos casos de personas desvinculadas del sector público que no saben que han sido integradas al régimen subsidiado. Esa gente no accede a servicios porque ni siquiera saben que tienen derecho a ellos”, sostuvo.

Explicó que, al ser separados de sus empleos, los exempleados públicos son afiliados automáticamente a Senasa bajo el régimen subsidiado, lo cual cubre servicios médicos a través de la red hospitalaria pública.

Consultado sobre el acceso a servicios privados, explicó que los afiliados al régimen subsidiado deben, en la mayoría de los casos, acudir a hospitales públicos. No obstante, sostuvo que esos hospitales reciben compensación por los servicios prestados, lo que representa un mecanismo indirecto de financiamiento estatal.

 “Los hospitales reciben un pago por cada afiliado atendido. Es un aporte indirecto del Estado a los servicios públicos de salud”, apuntó.

En la segunda parte de su intervención, Holguín‑Vera analizó el impacto del estancamiento del salario mínimo del sector público en el régimen de pensiones.

Indicó que desde 2019 el sueldo base para empleados estatales se mantiene en RD$10,000, lo cual afecta directamente la pensión solidaria y el límite máximo de pensión.

 “La ley dice que la pensión máxima debe ser equivalente a ocho salarios mínimos. Pero la Dirección de Jubilaciones y Pensiones sigue calculando ese tope en base al salario mínimo del sector público, no al salario mínimo nacional, lo cual reduce injustamente el monto de las pensiones”, explicó.

Como ejemplo, señaló que una persona que cotizó para recibir RD$100,000 de pensión termina recibiendo solo RD$80,000 porque se aplica un tope desactualizado.

Por último, criticó la falta de voluntad política para enfrentar la reforma estructural del sistema. “Los políticos no le han dicho la verdad a la gente. No quieren admitir que el Estado dominicano no tiene capacidad, por sí solo, para garantizar servicios de salud en el momento y con la calidad que la población necesita”, denunció.

Aseguró que, mientras se mantenga un diseño orientado a sostener intereses financieros y no derechos ciudadanos, la crisis se profundizará. “El sistema necesita una reforma integral que devuelva el enfoque a las personas, no a las ganancias”, concluyó.