Ministerio Público solicita prisión preventiva para 10 implicados en red de corrupción desmantelada por la Operación Lobo
SANTO DOMINGO, 10 julio.- El Ministerio Público solicitó la noche del miércoles prisión preventiva como medida de coerción contra diez militares y civiles involucrados en una presunta estructura de corrupción administrativa desarticulada mediante la Operación Lobo.
Según las autoridades, los implicados utilizaban el pago de sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en distintas instituciones públicas.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezó el equipo de fiscales que depositó la solicitud ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. Ortiz explicó que esta operación “apenas inicia” y advirtió que podrían producirse más arrestos y sometimientos conforme avancen las investigaciones.
“El Ministerio Público ha desarticulado una estructura criminal que operaba en el ámbito de las contrataciones públicas, específicamente en instituciones del Estado en el área de seguridad privada”, detalló Ortiz.
Añadió que han identificado pagos en sobornos que superan los 100 millones de pesos, respaldados por más de 500 pruebas que sustentan la implicación directa de los imputados en esta primera fase del proceso.
La solicitud de coerción incluye la declaración de complejidad del caso, debido a su magnitud y a los múltiples actores involucrados, tanto civiles como militares, entre ellos el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz.
También figuran los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Ortiz afirmó que todos los involucrados violaron la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y operaban dentro de instituciones sensibles, como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y las tres empresas distribuidoras de electricidad del país: EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
La titular de la Pepca subrayó que se trata de una estafa contra el Estado que afecta gravemente la libre competencia entre empresas y pone en riesgo servicios esenciales dirigidos a poblaciones vulnerables.
Reiteró que “todo el que esté implicado será sometido a la justicia”, al tiempo que señaló que con la Operación Lobo inicia la etapa preparatoria del proceso judicial y “vamos por más”.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, lo que permitió al Ministerio Público rastrear las operaciones fraudulentas y armar el expediente que hoy sostiene la acusación formal contra los involucrados.
