Jugando a la política
Marisol Vicens Bello
Uno de los fallos principales que cometen nuestras autoridades es que postergan las reformas fundamentales por el temor al costo político o a enfrentar ciertos intereses, así como uno de los pecados cometidos por los líderes de la oposición es tratar de sacar ventaja colocándose del lado de quienes las rechazan, aunque estén conscientes de su necesidad.
La aprobación de la Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) ha sido la más trascendental reforma realizada en las últimas décadas en el país, y aunque muchos presumen de su paternidad, pocos han decidido asumir como reales dolientes la rigurosidad en su aplicación, ni la necesidad de su revisión, a sabiendas de las nefastas consecuencias de no hacerlo.
En el año 2007 para que comenzara el seguro familiar de salud y ante las denuncias de insuficiencia de la cápita asignadas al plan provisional de servicios de salud, se aprobó al vapor la Ley 188-07 para transferirle fondos de las cotizaciones del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, y en violación a la ley se decidió que se implementara bajo el mismo esquema que imperaba antes de la creación del sistema, esto es sin el nivel de atención primaria como puerta de acceso. Y en el año 2019, luego de dejar de lado una reforma a la Ley 87-01 introducida a finales de 2016 para satisfacer la exigencia del BID para desembolsar un financiamiento, se aprovechó el interés que tenían las autoridades del momento en modificar el recargo por mora en los pagos al SDSS, y el de la Tesorería de la Seguridad Social para establecer como era justo su autonomía financiera, para poner un parche que anestesiara el vigoroso reclamo existente por las ingentes comisiones que perciben las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con una propuesta de modificación presentada por estas que luego de consensuarse se estableció en la Ley 13-20 del 7 de febrero de 2020.
Como nada de lo que se tiene años reclamando se ha hecho, y seguimos sin implementar la atención primaria, sin que las contrataciones de todos los prestadores se hagan conforme a tarifas establecidas por un real comité de honorarios profesionales, sin que la gradualidad hacia la implementación del plan básico de salud previsto en la ley se haya cumplido o este se haya ajustado en la ley, lo que ha permitido que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a través de nomenclaturas de servicios contengan costos y limiten los beneficios de los afiliados y saquen beneficios haciendo tesorería y retrasen con glosas los pagos de los prestadores más allá de lo razonable o sin justificación; la ARS pública Senasa fue jugando su rol, ensanchó sus servicios, pagó a tiempo a los prestadores y aumentó la satisfacción de sus afiliados y por ende su número.
Las actuales autoridades en vez de resolver los problemas estructurales del SDSSS prefirieron apostar a mejorar las insatisfacciones de la población a través del Senasa, al elevar en el año 2022 el límite de cobertura de enfermedades catastróficas de 1 a 2 millones de pesos, y al mismo tiempo aumentar el número de afiliados al régimen subsidiado, y crear un plan especial para la diáspora denominado Larimar, todo lo cual tiene un impacto financiero importante pues entre otros objetivos nuestro sistema no está orientado a la prevención, por lo que las coberturas de enfermedades de alto costo representan un alto porcentaje.
No podemos permitir que el juego político continúe postergando lo fundamental, no se trata de que las autoridades sigan poniendo parches como el intento de establecer una cápita diferenciada a las ARS, ni de que la oposición siga denunciando para tratar de sacar partido sin atacar lo esencial. Nuestros legisladores, los del partido oficial y los de los partidos mayoritarios de oposición luego de no haber hecho nada por modificar a tiempo la Ley de Seguridad Social a pesar de haberse conformado una comisión bicameral a estos fines desde el año 2020, renovada en el año 2024, ahora quieren redorar sus blasones y aprobar a toda prisa una reforma hueca al Código de Trabajo, que complica más que beneficia, pues la reforma a la seguridad social tiene que analizarse forzosamente conjuntamente con las cargas laborales establecidas en este código, y solo se podrá aumentar lo necesario por un lado, en la medida que se ajusten o compensen por el otro, pero parece que o no son capaces de entenderlo, o simplemente otra vez prefieren jugar a la política.
El Caribe
