Ministerio Público recibe solicitud de archivo de querella por difamación contra Ángel Martínez tras disculpas públicas

Santo Domingo, 12 julio. El pasado 2 de julio de 2025, el Ministerio Público del Distrito Nacional recibió la primera solicitud de archivo definitivo de una querella interpuesta contra el comunicador Ángel Martínez, acusado de presunta difamación e injuria en perjuicio del también comunicador Varga Vila Riverón.

La decisión de desistir del proceso legal se produjo luego de que Martínez ofreciera disculpas públicas a Varga Vila Riverón y a la comunicadora Colombia Alcántara durante su participación en el programa “Tu Mañana”. En dicho espacio, ambos afectados aceptaron sus disculpas y sellaron el cierre del conflicto con un abrazo, acordando públicamente dejar atrás el episodio que había generado tensiones entre ellos.

El abogado Julio César Fernández, representante de Martínez, valoró positivamente la resolución pacífica del caso, considerando que el conflicto no habría generado ningún beneficio sustancial para ninguna de las partes.

Fernández explicó que este tipo de querellas tienden a confrontar dos derechos fundamentales: el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento, y el derecho al honor. Ambos, sostuvo, deben coexistir sin criminalización en un Estado democrático.

En su análisis del caso, Fernández sostuvo que el proceso contra su defendido fue manejado de manera “ilegal e imprudente”, señalando que se violaron principios del debido proceso y que se incurrió en un uso excesivo de poder por parte del Ministerio Público.

Afirmó que tales irregularidades tendrán consecuencias jurídicas favorables para Ángel Martínez, y añadió que muchos abogados continúan promoviendo este tipo de procesos aun sabiendo que no prosperarán legalmente.

“El problema es que se malaconseja al querellante desde el principio. Le cobran por adelantado, lo empujan a querellarse y luego le dicen que mejor llegue a un acuerdo. Pero ya el dinero se lo cobraron, y el proceso no avanzó”, explicó Fernández, quien cuestionó la ética profesional detrás de este tipo de prácticas.

Fernández también hizo referencia a la jurisdicción desde la cual transmite Ángel Martínez —Estados Unidos—, recordando que el comunicador opera amparado en la Primera Enmienda de la Constitución de ese país, la cual ofrece una fuerte protección a la libertad de expresión.

En ese sentido, afirmó que las leyes estadounidenses no penalizan la difamación en los términos que se plantea en República Dominicana, y que el Tratado de Budapest, que regula la ciberdelincuencia internacional, no contempla sanciones por este tipo de delitos.

Advirtió a quienes contemplan querellarse contra Martínez que podrían terminar siendo demandados por daños y perjuicios si los procesos son rechazados por los tribunales dominicanos, y agregó que una eventual condena civil sería difícil de ejecutar por la supuesta inexistencia de bienes del comunicador en República Dominicana.

“Aun si alguien gana una sentencia firme en daños y perjuicios, ¿dónde la va a ejecutar? No va a encontrar con qué”, expresó.

A juicio del abogado, lo más sensato en estos casos es llegar a un acuerdo desde el inicio para evitar un desgaste innecesario. Celebró la actitud de Varga Vila Riverón por aceptar las disculpas de Ángel Martínez y cerrar el proceso, calificándolo como un paso correcto y beneficioso para ambas partes.

Finalmente, Fernández envió un mensaje a funcionarios y figuras públicas que han mostrado interés en continuar con procesos similares. “Este caso le está causando ruido innecesario al gobierno.

Si ese señor ya se retractó, pidió disculpas y borró los videos, ¿qué más se quiere conseguir?”, cuestionó. Cerró con una advertencia dirigida a quienes insisten en judicializar conflictos de opinión: “Regocíjense que a ese viejo le pase algo en este país y sea necesario pagarlo como nuevo”, expresó en tono irónico.