Senado presenta proyecto para regular condiciones laborales en plataformas digitales de transporte y reparto
Por Manuel JIménez V
Santo Domingo, RD. 13 de julio de 2025 — El Senado de la República Dominicana tiene en sus manos una propuesta legislativa que podría transformar el panorama laboral de los repartidores y conductores afiliados a plataformas tecnológicas como Uber, Uber Eats, Didi, Indriver y Pedidos Ya.
La pieza, sometida por el senador Antonio Marte, representante de la provincia Santiago Rodríguez, busca establecer una normativa que garantice derechos laborales fundamentales a más de 30,000 personas que ofrecen servicios a través de estas aplicaciones móviles.
El proyecto de ley plantea como eje central que las empresas operadoras de plataformas digitales deberán asegurar a sus afiliados un ingreso mensual equivalente, como mínimo, al salario mínimo vigente en el país, independientemente del número de horas trabajadas.
Esta disposición busca corregir una de las principales críticas del modelo actual: la falta de estabilidad y previsibilidad en los ingresos de quienes dependen de este tipo de empleo.
Además del salario, la legislación propone que las plataformas estén obligadas a asumir el pago de seguros médicos, pensiones, y pólizas que cubran tanto accidentes como responsabilidad civil. Estos seguros no solo protegerían a los trabajadores en caso de incidentes, sino también a los ciudadanos que pudieran verse involucrados en accidentes vinculados a estos servicios.
Una de las medidas más estructurales que contempla la iniciativa es la creación de un Registro Nacional de Plataformas de Transporte, que sería administrado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Este registro busca formalizar la operación de las empresas tecnológicas en el territorio nacional, exigiendo su inscripción oficial como requisito para continuar brindando servicios.
Asimismo, las compañías tendrían la obligación de cotizar en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), lo que incluiría aportes a salud, pensión, riesgos laborales y formación técnica a través del Infotep. Esta medida responde al vacío legal actual, donde estas corporaciones operan sin contribuir al sistema tributario ni a la seguridad social dominicana.
Otro aspecto relevante del proyecto es la transparencia en el pago a los conductores. Las plataformas deberán detallar claramente cómo se calcula el ingreso neto de cada trabajador, especificando la tarifa bruta cobrada al cliente, la comisión retenida por la empresa, los impuestos aplicados (si los hay) y el monto final que recibe el conductor. “Quedan prohibidas expresamente las deducciones no autorizadas o los cargos ocultos”, reza el articulado.
El uso arbitrario de sanciones digitales, como la suspensión o desactivación de cuentas, también es objeto de regulación en esta propuesta. Las plataformas no podrán suspender a los trabajadores sin antes comunicar de forma oficial los motivos que justifican la medida, asegurando así un mínimo de protección jurídica para los afiliados.
Por su parte, los conductores también deberán cumplir ciertos requisitos. Tendrán que registrarse en el Intrant y notificar formalmente al Ministerio de Trabajo que se dedican a esta actividad económica, como parte de los esfuerzos por integrar esta fuerza laboral al sistema productivo nacional de manera formal.
Las empresas que violen la normativa serían objeto de sanciones económicas severas. Las multas oscilarían entre 20 y 50 salarios mínimos, y en caso de reincidencia, las autoridades podrían incluso cancelar la autorización de operación de la plataforma dentro del país.
Los fondos recaudados por concepto de estas multas se distribuirían de la siguiente manera: 50 % para el Ministerio de Hacienda, 25 % para el Ministerio de Trabajo y 25 % para el Intrant, con el objetivo de financiar programas de capacitación y mejorar la seguridad vial.
En los polos turísticos del país, la ley establecería además una disposición especial para garantizar la coexistencia pacífica entre estas plataformas digitales y los sistemas tradicionales de transporte, bajo los lineamientos del Ministerio de Turismo.
La medida busca evitar conflictos como los que se han registrado en zonas de alta afluencia turística, donde choferes formales han denunciado competencia desleal por parte de estas aplicaciones.
El senador Marte ha defendido la iniciativa como un paso necesario para proteger a una nueva clase trabajadora que ha surgido al amparo de la economía digital, pero que hasta ahora permanece en la informalidad.
Aunque algunos repartidores y conductores logran ingresos de hasta 60,000 pesos mensuales, según reportes anteriores, muchos enfrentan condiciones de trabajo precarias, sin garantías de salud, seguridad o estabilidad financiera.
