Ángel Martínez logra acuerdo con querellantes por difamación mientras cuestiona medidas judiciales impuestas en su contra

Santo Domingo, 13 de julio de 2025. – Siete querellas por difamación e injuria presentadas contra el comunicador Ángel Martínez fueron retiradas formalmente ante el Ministerio Público, tras alcanzarse acuerdos conciliatorios entre las partes.

Esta resolución se produjo durante una audiencia celebrada en la Fiscalía de Valverde, Mao, donde Martínez, acompañado de su abogado Ronny Crousset, logró pactar con los denunciantes un cierre amistoso de los procesos en curso.

Los acuerdos incluyeron retractaciones públicas de parte de Martínez, la emisión de disculpas formales y la eliminación de los videos considerados ofensivos por los demandantes, quienes manifestaron su disposición de dejar sin efecto las acciones legales tras el cumplimiento de estas condiciones.

Por recomendación de sus representantes legales, los querellantes solicitaron al Ministerio Público el archivo definitivo de los expedientes, así como de cualquier querella pendiente de ser depositada.

Entre los firmantes del acuerdo figuran Germán Damián Rodríguez Saldaña, alcalde de Laguna Salada; Deisy Yanelis Aquino Mesa, Librado Nicanor Acosta Belliard, Luis Manuel Díaz, Ricki Ricardo Tejada Blanco, José Miguel Peralta Castellano y Martín Nolasco.

Este retiro colectivo se suma al archivo de la querella previa interpuesta por el comunicador Varga Vila Riverón, quien también accedió a desistir luego de recibir disculpas públicas de parte de Martínez en el programa “Tu Mañana”.

Sin embargo, a pesar del retiro de estas querellas, Martínez sigue enfrentando una medida de coerción impuesta por la jueza Yiberty Polanco Herrand, del Juzgado de Atención Permanente de Santiago, como resultado de una denuncia presentada por el empresario Arnulfo de Jesús Gutiérrez Almonte, presidente de la Asociación Ecuestre Nacional. La disposición judicial incluye impedimento de salida del país, presentación periódica y el uso obligatorio de un grillete electrónico.

La querella de Gutiérrez Almonte, presentada el 26 de abril de 2024, se originó tras la difusión de un video titulado “Arnulfo Gutiérrez y sus hijos, investigación activa desde EEUU, Santiago, mafia, políticos”, publicado en el canal de YouTube “Detective Ángel” y replicado en otras redes sociales como Instagram y TikTok.

En dicho contenido, Martínez expone acusaciones que, según el querellante, constituyen afirmaciones injuriosas, infundadas y lesivas a su honor y al de su familia.

El documento depositado ante el tribunal establece que tales declaraciones afectaron no solo la imagen personal de Gutiérrez, sino también la reputación de su familia, la cual ha mantenido una reconocida trayectoria de contribuciones al desarrollo social y cultural de la ciudad de Santiago. La denuncia también involucra a Vhanessa Victoria como presunta cómplice en la divulgación del contenido difamatorio.

Martínez, a través de su abogado Carlos Mesa, ha manifestado su descontento con las condiciones impuestas, especialmente con el uso del grillete electrónico. En un audio difundido por su defensa, el comunicador aseguró que el dispositivo afecta gravemente su salud y descanso, indicando que emite señales eléctricas o “corrientazos” intensos durante las noches, lo cual le impide dormir con regularidad.

Denunció que ha experimentado hinchazón en las extremidades y una sensación de presión en las arterias, síntomas que relaciona con el monitoreo intensivo del grillete, el cual —según su sospecha— intensifica su señal cuando se encuentra en reuniones con sus abogados, lo que lo lleva a sospechar un intento de vigilancia encubierta.

Su abogado Ronny Crousset expresó su preocupación por la naturaleza de las medidas impuestas, señalando que nunca en su trayectoria profesional había presenciado la aplicación de un grillete electrónico a un comunicador por el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto vinculado a publicaciones realizadas desde territorio estadounidense.

Consideró que la medida resulta desproporcionada, sobre todo cuando aún no se ha demostrado legalmente que los contenidos difundidos por su cliente constituyan difamación conforme al ordenamiento jurídico dominicano.

Crousset cuestionó igualmente la imposición de una fianza y de tres impedimentos de salida del país, considerando que este tipo de restricciones representa una amenaza para el libre ejercicio del periodismo.

Hizo un llamado a la comunidad periodística a solidarizarse con su cliente, argumentando que “hoy es Ángel Martínez, pero mañana podrían ser otros colegas quienes enfrenten sanciones similares”. En ese sentido, advirtió que si el gremio no actúa de forma cohesionada ante este tipo de precedentes, “serán cada uno vencidos porque no defendieron al primero”.

Pese a los acuerdos conciliatorios alcanzados con la mayoría de los querellantes, la situación jurídica de Martínez continúa marcada por la medida judicial vigente en el caso presentado por Gutiérrez Almonte.

El comunicador, quien se ha definido como un “fiscal de la verdad” desde sus plataformas digitales, mantiene su postura de que su labor periodística responde a principios de investigación y denuncia, y no a ataques personales.

El caso ha provocado un debate en la opinión pública sobre los límites entre la libertad de expresión, el derecho al honor y la regulación del contenido emitido en plataformas digitales, particularmente cuando se trata de figuras públicas o líderes comunitarios.

También ha puesto en foco la utilización de medidas de coerción severas en casos de delitos contra el honor, generando reacciones encontradas tanto en el ámbito judicial como en círculos periodísticos.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha emitido comentarios adicionales sobre la vigencia o eventual revisión de las medidas impuestas a Martínez, mientras su defensa continúa trabajando para lograr el levantamiento del grillete electrónico y la revisión integral del expediente en curso.

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