Cinco de los diez imputados en Operación Lobo admiten sobornos y respaldan teoría del Ministerio Público, según el organo acusador
SANTO DOMINGO, 16 julio.– El procurador adjunto Wilson Camacho resaltó este miércoles la solidez de la investigación del Ministerio Público en torno a la red de sobornos desmantelada mediante la Operación Lobo, en la que fueron arrestados varios militares y civiles.
En una declaración que refuerza la acusación, Camacho informó que cinco de los diez imputados admitieron su implicación en los hechos y confirmaron la teoría del caso presentada por el órgano persecutor.
“El hecho de que cinco de los diez imputados, es decir, el 50 %, haya admitido los hechos, demuestra la fortaleza de nuestra investigación y valida el pedimento de imponer arresto domiciliario a los confesos, y prisión preventiva a los demás”, sostuvo Camacho.
El alto funcionario del Ministerio Público subrayó la singularidad del caso, donde están involucrados sobornantes, intermediarios y beneficiarios. “Este es un proceso único. Esperamos que el sistema de justicia actúe especialmente con aquellos que no han colaborado con la investigación”, agregó.
Camacho encabezó el equipo de fiscales junto a Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA); Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán, Yoneivy González y Rosa María Pichardo.
Durante la audiencia, el procurador adjunto calificó de “irrefutables” las pruebas presentadas, entre las que figuran documentos financieros precisos sobre cada transacción vinculada a los sobornos. “Cada peso pagado está probado con documentos contables aportados por Senasa y con transacciones financieras verificables”, afirmó.
El expediente detalla que los pagos fueron realizados por el empresario Quilvio Rodríguez desde su empresa hacia cuentas de oficiales de seguridad de distintas instituciones públicas. “Estas cuentas fueron entregadas personalmente por los receptores durante reuniones para coordinar la distribución de los sobornos”, explicó Camacho.
Asimismo, valoró la actitud de los cinco imputados que admitieron su responsabilidad penal y ofrecieron detalles ante el tribunal sobre el mecanismo de los pagos ilegales. “Confirman plenamente nuestra teoría del caso. Su colaboración es fundamental y debe ser reconocida por el sistema de justicia como un factor diferenciador”, dijo.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, se reservó el fallo y lo dará a conocer este jueves a las 6:00 de la tarde.
Los imputados en el caso son: el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Las instituciones afectadas por esta red criminal incluyen el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Los cargos contra los imputados incluyen soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, conforme a los artículos 177, 178, 179 párrafo, 180, 265, 266 y 405 del Código Penal. También enfrentan acusaciones por violación al artículo 146 de la Constitución y a varios artículos de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
