Procuraduría establece aumento salarial de hasta 82 % para peritos forenses y personal administrativo del Ministerio Público
Santo Domingo, 18 julio. – El Consejo Superior del Ministerio Público aprobó un conjunto de medidas orientadas a mejorar las condiciones laborales del personal técnico, forense y administrativo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), así como de otras dependencias del Ministerio Público y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
Durante la novena sesión extraordinaria, celebrada el 3 de julio de 2025, se dispuso una sustancial mejora salarial que incluye la implementación de una nueva escala para técnicos forenses y médicos del Inacif. Esta establece aumentos que oscilan entre un 33 % y un 82 %, dependiendo de la posición desempeñada.
Según lo aprobado, los psicólogos forenses recibirán un salario de RD$50,000, lo que representa un aumento del 39 %, mientras que los médicos legistas percibirán RD$60,000, con un alza del 82 %.
El salario de los médicos forenses se incrementará a RD$80,000, equivalente a un aumento del 46 %, igual monto recibirán los médicos patólogos, con un incremento del 33 %. Los psiquiatras forenses también recibirán RD$80,000, lo que implica un aumento del 60 %.
Además del personal técnico, se dispuso un aumento salarial de un 20 % para el personal administrativo del Ministerio Público y de la DGSPC, con vigencia a partir de julio de 2025.
El Consejo también decidió otorgar incentivos a miembros del Ministerio Público que ocupan cargos estratégicos, incluyendo coordinadores, directores de unidades, fiscalizadores con funciones de fiscales, inspectores, y directores técnicos, así como titulares de direcciones de alcance nacional. Asimismo, se estableció la equiparación de incentivos para titulares interinos de fiscalías, procuradurías regionales y especializadas, con el objetivo de garantizar la equidad en la estructura interna.
Estas decisiones se adoptan dentro de un marco de gestión financiera racional y están orientadas a fortalecer la dignificación del servicio público y la eficiencia institucional, respondiendo a las necesidades operativas del sistema de justicia.
