Soy un estudioso del genocidio. Reconozco cuando veo uno
Por Omer Bartov
The New York Times
Bartov es profesor de estudios sobre el genocidio y el Holocausto en la Universidad de Brown.
Un mes después del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, pensé que había evidencias de que el ejército israelí había cometido crímenes de guerra y potencialmente crímenes contra la humanidad en su contraataque en Gaza. Pero, contrariamente a los reclamos de los críticos más acérrimos de Israel, no me parecía que las evidencias se elevaran al crimen de genocidio.
Para mayo de 2024, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían ordenado a cerca de un millón de palestinos refugiados en Rafah —la ciudad más al sur y la última que quedaba relativamente indemne en la Franja de Gaza— que se trasladaran a la zona de playa de Al-Mawasi, donde apenas había refugio. El ejército procedió entonces a destruir gran parte de Rafah, y lo logró en su mayor parte en agosto.
En ese momento ya no parecía posible negar que el método de las operaciones de las FDI era coherente con las declaraciones que denotaban una intención genocida realizadas por los dirigentes israelíes en los días posteriores al ataque de Hamás. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, había prometido que el enemigo pagaría un “precio enorme” por el ataque y que las FDI convertirían partes de Gaza, donde operaba Hamás, “en escombros”, y pidió a “los residentes de Gaza” que “se fueran ahora porque operaremos con fuerza en todas partes”.
Netanyahu había instado a sus ciudadanos a recordar “lo que Amalec hizo contigo”, una cita que muchos interpretaron como una referencia a la exigencia de un pasaje bíblico que pedía a los israelitas matar “hombres, mujeres y niños, aun los de pecho”, de su enemigo ancestral. Funcionarios gubernamentales y militares dijeron que luchaban contra “animales humanos” y, más tarde, pidieron la “aniquilación total”. Nissim Vaturi, portavoz adjunto del Parlamento, dijo en X que la tarea de Israel debía ser “borrar la Franja de Gaza de la faz de la tierra”. Las acciones de Israel solo pueden entenderse como la puesta en práctica de la intención expresa de hacer que la Franja de Gaza sea inhabitable para su población palestina. Creo que el objetivo era —y sigue siendo hoy— obligar a la población a abandonar la franja por completo o, considerando que no tiene adónde ir, debilitar el enclave mediante bombardeos y una grave privación de alimentos, agua potable, instalaciones de salud y ayuda médica hasta tal punto que sea imposible para los palestinos de Gaza mantener o reconstituir su existencia como grupo.
Mi conclusión ineludible ha llegado a ser que Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. Como alguien que creció en un hogar sionista, vivió la primera mitad de su vida en Israel, que sirvió en las FDI como soldado y oficial y ha pasado la mayor parte de su carrera investigando y escribiendo sobre crímenes de guerra y el Holocausto, esta fue una conclusión dolorosa a la que llegué y a la que me resistí todo lo que pude. Pero llevo un cuarto de siglo dando clases sobre el genocidio. Sé reconocer uno cuando lo veo.
No es solo una conclusión mía. Un número cada vez mayor de expertos en estudios sobre genocidio y derecho internacional ha llegado a la conclusión de que las acciones de Israel en Gaza solo pueden definirse como genocidio. También lo han hecho Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para Cisjordania y Gaza, y Amnistía Internacional. Sudáfrica ha presentado una demanda por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia.
La negación continua de esta designación por parte de Estados, organizaciones internacionales y expertos jurídicos y académicos causará un daño sin paliativos no solo a la población de Gaza e Israel, sino también al sistema de derecho internacional establecido a raíz de los horrores del Holocausto, concebido para impedir que vuelvan a producirse tales atrocidades. Es una amenaza para los fundamentos mismos del orden moral del que todos dependemos.
El delito de genocidio fue definido en 1948 por las Naciones Unidas como la “intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. Por tanto, para determinar lo que constituye genocidio, hay que establecer la intención y demostrar que se está llevando a cabo. En el caso de Israel, esa intención ha sido expresada públicamente por numerosos funcionarios y dirigentes. Pero la intención también puede deducirse de las regularidades en las operaciones sobre el terreno, y estas regularidades quedaron claras para mayo de 2024 —y desde entonces se han hecho cada vez más claras— a medida que las FDI han ido destruyendo sistemáticamente la Franja de Gaza.
La mayoría de los estudiosos del genocidio se muestran cautelosos a la hora de aplicar este término a acontecimientos contemporáneos, precisamente por la tendencia a atribuirlo a cualquier caso de masacre o inhumanidad desde que fue acuñado por el jurista judío-polaco Raphael Lemkin en 1944. De hecho, algunos sostienen que la categorización debería descartarse por completo, porque a menudo sirve más para expresar indignación que para identificar un crimen concreto.
Sin embargo, como reconoció Lemkin, y como acordaron posteriormente las Naciones Unidas, es crucial poder distinguir el intento de destruir a un grupo concreto de personas de otros crímenes del derecho internacional, como los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Esto se debe a que, mientras que otros crímenes implican el asesinato indiscriminado o deliberado de civiles como individuos, el genocidio denota el asesinato de personas como miembros de un grupo, orientado a destruir irreparablemente al propio grupo para que nunca pueda reconstituirse como entidad política, social o cultural. Y, como señaló la comunidad internacional al adoptar la convención, incumbe a todos los Estados signatarios impedir tal intento, hacer todo lo posible para detenerlo mientras se esté produciendo y castigar posteriormente a quien haya participado en este crimen de crímenes, aunque haya ocurrido dentro de las fronteras de un Estado soberano.
La designación tiene importantes ramificaciones políticas, jurídicas y morales. Las naciones, los políticos y el personal militar sospechosos, imputados o declarados culpables de genocidio se consideran inaceptables para la humanidad y pueden arriesgar o perder su derecho a seguir siendo miembros de la comunidad internacional. La declaración de la Corte Internacional de Justicia de que un Estado concreto está implicado en un genocidio, especialmente si la aplica el Consejo de Seguridad de la ONU, puede dar lugar a sanciones severas.
Los políticos o generales imputados o declarados culpables de genocidio u otras infracciones del derecho internacional humanitario por la Corte Penal Internacional pueden ser detenidos fuera de su país. Y una sociedad que condona y es cómplice de genocidio, sea cual sea la postura de sus ciudadanos individuales, llevará esta marca de Caín mucho después de que se apaguen los fuegos del odio y la violencia.
The New York Times
