La autorización de haitianos indocumentados pone en peligro el diálogo del CES
Por Alfredo Cruz Polanco
Hace varias semanas, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, dio a conocer que el gobierno había aprobado de manera provisional unos 15 mil permisos de haitianos indocumentados a los productores de bananos de la línea noroeste, de un total de 100 mil que habían solicitado. También informó que próximamente se va aprobar otra cantidad a los productores de arroz, plátanos, para la avicultura y para la construcción.
Este anuncio pone en peligro las labores que viene dirigiendo el propio presidente de la República, Luis Abinader, con los ex presidentes Leonel Fernández Reyna, Danilo Medina e Hipólito Mejía, así como con los representantes de los distintos sectores económicos, políticos y sociales, en el importante diálogo que se viene realizando en el Centro Económico y Social (CES), pues no tiene sentido que al mismo tiempo que se discuten, proponen y aprueban una serie de medidas en este importante escenario el gobierno aplique otras decisiones por separado.
En dicho diálogo se procura buscar una solución de consenso a los problemas generados por la creciente inmigracion de haitianos indocumentados hacia nuestro pais, fruto de la crisis imperante en Haití,
Esto sería muy lamentable para el país y para nuestra democracia, en un momento en que ha habido muchas coincidencias y unificación de criterios sobre la necesidad de buscar una solución satisfactoria a los problemas generados por la crisis económica, política y social que hoy afecta a esa nación, así como por los ataques e irrespeto a nuestra soberanía, hechos por Amnistía Internacional, por la Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y por la Comunidad Internacional.
El propio ministro Limber Cruz viene promoviendo desde hace tiempo dichas regulaciones, argumentado que la agricultura no tiene espera, que sin la mano de obra haitiana indocumentada no habrá producción agrícola y que las construcciones de las obras públicas se paralizarán.
Estos argumentos han sido refrendados por él en múltiples ocasiones, admitiendo que utiliza una gran cantidad de ellos en sus fincas de plátanos de La Vega, al igual que otros funcionarios del gobierno, pero en ningún momento se ha referido a que los empresarios que utilicen la mano de obra indocumentada haitiana deben ser los responsables de la misma, así como del pago de todas sus obligaciones económicas, de sus prestaciones laborales y de la seguridad social, las cuales históricamente han recaído sobre el Estado dominicano.
Esta decisión motivaría a que más haitianos indocumentados quieran emigrar hacia nuestro país, aprovechando la vulnerabilidad y la corrupción imperante en nuestra frontera.
En la actualidad, gran parte del Presupuesto Nacional se destina para atender la seguridad social, maternidad, educación y agua potable, de los inmigrantes haitianos indocumentados.
En varias oportunidades hemos señalado que el Estado dominicano no debe continuar cargando con esta responsabilidad, tirando por la borda gran parte del presupuesto destinado para atender las necesidades básicas de los dominicanos.
En este sentido el presidente Abinader y sus funcionarios deben mostrar una actitud vertical y coherente. No deben mantener un discurso de defensa a la soberanía, en contra de la inmigracion ilegal y al mismo tiempo otro permisivo, de complacencia y de paño tibio con los sectores productivos.
Acento
