Tribunal Constitucional cierra definitivamente caso del Aeropuerto Internacional de Bávaro

Santo Domingo, 20 julio.– El Tribunal Constitucional (TC) puso fin definitivo al conflicto judicial sobre el Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) al emitir la sentencia TC/0496/25, con la que rechazó los recursos interpuestos por el consorcio AIB contra decisiones previas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La alta corte declaró inadmisibles los alegatos presentados por la parte recurrente, que denunciaban supuestas violaciones al debido proceso, la imparcialidad judicial y el derecho de defensa.

Con esta decisión, el TC ratificó la validez de la Resolución 024/20 del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), que había declarado como lesiva al interés público la autorización otorgada originalmente al proyecto aeroportuario.

Aunque el fallo no abordó el fondo del litigio, el Tribunal dejó constancia de serias irregularidades en la tramitación del proyecto. Señaló que la autorización fue concedida por un órgano sin competencia legal, en referencia a la Comisión Aeroportuaria, y que el proceso se realizó sin licitación pública, con el respaldo de un decreto presidencial que vulneró el procedimiento establecido por la normativa vigente.

La decisión refuerza la autoridad del Estado para salvaguardar el interés público en el desarrollo de proyectos estratégicos de infraestructura, y establece que este tipo de iniciativas debe regirse por procedimientos transparentes, licitaciones adecuadas y respeto a las competencias técnicas establecidas por ley.

El fallo contó con votos disidentes de dos magistrados del TC, pero la mayoría consideró que el recurso no cumplía con los requisitos procesales necesarios para su admisión.

De este modo, el Tribunal Constitucional liquida jurídicamente el proyecto del AIB en su concepción original y subraya la necesidad de que toda obra de relevancia nacional se rija por los principios de legalidad, competencia institucional y equidad entre los oferentes.

Con esta sentencia, el TC cierra un proceso legal que durante años generó debates sobre el orden institucional, la planificación aeroportuaria y el equilibrio entre inversión privada e interés público en República Dominicana.

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