Esposa e hijas del presidente Abinader entre más de mil firmantes que piden veto al nuevo Código Penal
Santo Domingo, 26 de julio de 2025 — Más de un millar de ciudadanos dominicanos, entre ellos activistas, académicos, juristas, artistas, periodistas y líderes sociales, han dirigido una Carta Abierta al presidente Luis Abinader, solicitando que vete la versión recientemente aprobada del nuevo Código Penal por el Congreso Nacional.
los firmantes, el proyecto representa un grave retroceso en materia de derechos humanos, especialmente para mujeres, niñas y víctimas de violencia.
Entre los firmantes de esta carta figuran personas de alta relevancia pública. La autenticidad del documento fue confirmada por el abogado Nelson Espinal Báez, la periodista Ana Mitila Lora y el arquitecto y cineasta Ico Abreu, quienes validaron públicamente su adhesión al contenido.
Aunque algunos nombres prominentes como el de la primera dama, Raquel Arbaje, y sus hijas Esther y Graciela aparecen en el listado, al igual que Rosario Espinal, el economista y exministro Pavel Isa Contreras, la exdiputada Minou Tavárez Mirabal, la empresaria Amelia Vicini, la economista Darys Estrella y la abogada Dilia Leticia Jorge, el medio que difundió inicialmente la misiva, Diario Libre, aclaró que no pudo confirmar directamente la firma de estas personas.
La carta subraya que el aborto inseguro sigue siendo la tercera causa de muerte materna en la República Dominicana. En ese sentido, los firmantes critican la penalización absoluta del aborto incluida en el nuevo código, la cual elimina las tres causales mínimas reconocidas internacionalmente: cuando la vida de la madre corre peligro, cuando hay inviabilidad fetal, y en casos de violación o incesto. «Criminalizar el aborto en todas sus formas perpetúa un sistema legal que castiga a las víctimas y protege a los agresores», sostiene el texto.
El documento insiste en que aprobar el Código Penal en su forma actual no solo implicaría una modificación normativa, sino también «una decisión de país» con profundas implicaciones para la estructura de protección de los derechos fundamentales en la República Dominicana.
Los firmantes señalan varias disposiciones del proyecto que consideran altamente problemáticas. En primer lugar, denuncian la limitación de la definición de feminicidio, que excluye múltiples formas de violencia letal contra las mujeres. Esta restricción, advierten, dificulta la visibilidad y sanción efectiva de un fenómeno alarmante que sigue cobrando vidas en el país.
Otro de los aspectos más cuestionados es el establecimiento de barreras probatorias que complican la judicialización de casos de violencia intrafamiliar. Según el texto, estas medidas “invisibilizan agresiones graves pero aisladas” que deberían ser tomadas en cuenta en un enfoque integral de protección.
Asimismo, los firmantes objetan la prescripción de delitos sexuales, incluso en casos tan graves como el incesto o la violación de menores, lo cual consideran inaceptable en una legislación moderna que debería priorizar la protección de las víctimas sobre cualquier tecnicismo legal.
«La negación de estas protecciones no puede considerarse neutral. Es legislar desde el privilegio y el desconocimiento de la realidad que enfrentan muchas dominicanas», afirman categóricamente en la misiva.
El grupo solicita de manera explícita al presidente Abinader que ejerza su facultad constitucional para observar la ley, vetando el proyecto y devolviéndolo al Congreso Nacional con recomendaciones que subsanen los vacíos que, según ellos, atentan contra la vida, la dignidad y la justicia de miles de personas.
Para los firmantes, esta acción sería una señal de compromiso con los derechos humanos y un rechazo a un modelo legal que reproduce estructuras de exclusión y violencia institucional.
Esta carta abierta se enmarca en un contexto de creciente movilización ciudadana contra el nuevo Código Penal, el cual ha sido objeto de amplias críticas tanto a nivel nacional como internacional.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han reiterado que una legislación moderna debe estar alineada con los principios fundamentales de igualdad, justicia y no discriminación, pilares que, aseguran, no se encuentran garantizados en el texto aprobado por el Congreso.
La presión social sobre el Poder Ejecutivo se intensifica a medida que sectores diversos de la sociedad se suman al reclamo, instando a una revisión profunda del documento y a un diálogo abierto que permita construir un marco legal que responda a las verdaderas necesidades y desafíos de la sociedad dominicana contemporánea.
Por ahora, la decisión final está en manos del presidente Luis Abinader, de quien se espera una postura que defina si el país avanzará hacia una legislación más inclusiva y justa, o si permitirá que entre en vigor una norma que, según los firmantes, institucionaliza desigualdades y pone en riesgo derechos fundamentales.
