Petróleo y Moneda: Apuntes para la transformación fiscal y la aceleración productiva

Henri Hebrard

En espera de otra publicación de mis acostumbradas «Buenas noticias desde la economía dominicana», me complace compartir la 20ª entrega semanal de «Petróleo y Moneda», mi nuevo espacio de opinión y análisis económico que inauguramos a final de febrero 2025, gracias a nuestros amigos de lapropuestadigital.com:

Esta semana, en  «Apuntes para la transformación fiscal y la aceleración productiva»  , analizamos el nuevo escenario abierto por la llegada de Magín Díaz en el superministerio de Hacienda y Economía, para retomar la agenda de reformas estructurales, entre las cuales por supuesto la reforma fiscal.

Una reciente publicación de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL) muestra que el ingreso total de los gobiernos centrales de 16 países de Latinoamérica promediaba el 18.6% del PIB en 2024, mientras República Dominicana cerró el año 2024 en 16.4% del PIB (incluyendo 0.65% de ingresos extraordinarios correspondientes al pago de US$765 millones por AERODOM).

En materia de gasto público, al igual que en la mayoría de los países del área, sobresale en República Dominicana el creciente y asfixiante peso de los pagos de intereses de la deuda que se llevan en 2025 el equivalente a 4.15% del PIB (al considerar los pagos al Banco Central) mientras esta partida promedia 2.9% a nivel de Latinoamérica.

En resumidas cuentas, concretar la apuesta gubernamental de duplicar el tamaño de la economía dominicana en los próximos 12 a 15 años, no sería posible sin lograr espacio fiscal tan necesario para financiar y crear las condiciones para un salto de productividad del campo, de la manufactura y de servicios estratégicos.

Muchas gracias de antemano por su lectura, redifusión, y por supuesto, sus acostumbrados comentarios.

Apuntes para la transformación fiscal y la aceleración productiva

Todos parecemos convencidos de que el nombramiento del economista (e ingeniero) Magín Díaz como superministro de Hacienda y Economía marcará un punto de inflexión en la gestión económica y financiera de los dos períodos de gobierno del presidente Luis Abinader. Y es que el momento no podía ser más oportuno.

Como la advierte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su más reciente Panorama Fiscal, nuestra región se encuentra actualmente en un contexto mundial incierto, cambiante y complejo en términos macroeconómicos, que pone de manifiesto la necesidad de implementar políticas públicas transformadoras, que permitan superar las trampas del desarrollo que la región enfrenta desde hace años. Una condición necesaria para lograrlo se relaciona con el espacio fiscal y la sostenibilidad de las cuentas fiscales a mediano plazo, que, de no alcanzarse, restringiría aún más el estrecho margen de acción del Estado para influir positivamente en el crecimiento económico y la equidad distributiva.

En República Dominicana, los ingresos públicos se mantuvieron relativamente estables en el período pos-covid como % del PIB, eso sí, una vez descontados importantes ingresos extraordinarios/no recurrentes; esto evidencia que siguen las dificultades para incrementar el nivel de recaudación tributaria, condición absolutamente necesaria para crear el espacio fiscal requerido por las importantes metas de transformación del modelo económico. Mientras la CEPAL reporta que el ingreso total de los gobiernos centrales de 16 países de Latinoamérica promediaba el 18.6% del PIB, República Dominicana cerró el año 2024 en 16.4% del PIB (incluyendo 0.65% de ingresos extraordinarios correspondientes al pago de US$765 millones por Aerodom), o sea que los ingresos “normalizados” del 2024 equivalen a una presión tributaria 15.75%, prácticamente 3 puntos por debajo del promedio latinoamericano.

En materia de gasto público, al igual que en la mayoría de los países del área, sobresale en República Dominicana el creciente y asfixiante peso de los pagos de intereses de la deuda que se llevan en 2025 el equivalente a 4.15% del PIB (al considerar los pagos al Banco Central) mientras esta partida promedia 2.9% a nivel de Latinoamérica; pero adicionalmente, en el caso del país, las transferencias al subsector distribución eléctrica (RD$105 mil millones en 2024) explican una creciente y abultada porción del déficit fiscal, déficit que se ha mantenido ligeramente arriba del nivel de 3.0% del PIB. Como resultado de lo anterior, dos partidas críticas de gasto han servido como variables de ajuste para contener este déficit fiscal: i) la inversión pública en salud que no ha logrado despegar del nivel muy insuficiente de 2.0% del PIB (a pesar del mandamiento de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que contemplaba un gasto público en salud equivalente a 4.50% del PIB para 2025); y, ii) el desplome de los gastos de capital, que apenas alcanzan el 2.19% del PIB (Presupuesto 2025) en vez del 3.4% en Centroamérica y México.

Al mismo tiempo, tomando en cuenta que el presidente Abinader ha dibujado como meta ambiciosa para el país duplicar nuevamente el tamaño de la economía dominicana, será entonces necesario elevar muy sustancialmente el crecimiento potencial de la economía, desde sus actuales niveles (en un rango en torno al +4.0%) a no menos de +6.5%. Con un crecimiento de apenas +2.9% en el primer semestre 2025, parece razonable pensar que no se podrá decretar la aceleración de la economía, sino que es indispensable un conjunto de reformas transformadoras (entre las cuales una reforma fiscal integral) para poder alcanzar aquella agresiva meta presidencial. Unas estrategias de “aceleración productiva” de las cuales el mejor referente a nivel mundial lo es Marruecos, deberán de diseñarse en total coherencia con la transformación fiscal para que todos los sectores productivos puedan dinamizarse de manera explosiva en los próximos 10 años.

Finalmente, abordar y reducir los altos niveles actuales de incumplimiento, evasión, ilusión y omisión, llámese como se quiera llamar estos distintos rostros de la informalidad, será tarea ineludible para que el proceso venidero de aceleración productiva sea realmente exitoso por ser incluyente. Y la experiencia muestra que, a menudo, la formalización de la empresa precede a la formalización del empleo; sin embargo, la formalización sigue siendo poco atractiva o inasequible para muchas empresas dominicanas, especialmente las más pequeñas. Mientras que algunos sectores altamente productivos, o las empresas grandes o medianas, sí pueden afrontar los costos de la formalidad, y del cumplimiento tributario, otros sectores o empresas menos productivas, y especialmente las micro y pequeñas empresas no pueden o no quieren afrontar la transición hacia la formalidad. Producto de ello, en el país, el 91% de los empleados de pequeñas empresas y el 22.8% de los empleados de medianas empresas trabajan de manera informal, frente a solo el 3.7% de los empleados en grandes empresas que están empleados en condición de informalidad.

De hecho, los últimos datos del mercado laboral publicados por el Banco Central (BCRD), muestran que, si bien se encuentra a su menor nivel desde el inicio de la nueva Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), la informalidad laboral en el sector privado se encuentra todavía a un nivel inaceptable de un 62.17% al cierre del primer trimestre 2025 (vs. 63.33% al cierre de 2019 justo antes del covid), lo que significa que de 4,398,492 puestos de trabajo en el sector privado, solamente 1,663,834 son empleos formales, que es lo mismo decir que, de cada 8 empleos privados, cinco son informales y apenas tres son formales. Bajar a la mitad los actuales niveles de informalidad debe ser un elemento central de los consensos por construir previo a la implementación de las nuevas reformas.

En resumidas cuentas, una propuesta de “Transformación Fiscal para la Formalización Económica y la Aceleración Productiva” debe asumirse como una clara apuesta de país que trascienda el cuatrienio gubernamental; por ello, sería una hoja de ruta fiscal, escalonada en el tiempo, para contribuir de manera paulatina pero decisiva al logro de los objetivos de fomento, diversificación y transformación, integrando esfuerzos y perspectivas del gobierno, de los empresarios, de las academias y las iglesias, y de los trabajadores y las fuerzas políticas, hacia la consecución del bien común por medio de la innovación, la rentabilidad y el empleo de calidad.

Con esta visión, se concebiría un instrumento holístico que permita concretar la apuesta gubernamental de duplicar el tamaño de la economía dominicana en los próximos 12 a 15 años, al permitir el espacio fiscal tan necesario para financiar y crear las condiciones para un salto de productividad del campo, de la manufactura y de servicios estratégicos, con lo que se podrán promover exportaciones con bienes y servicios de mayor valor agregado y con ventajas comparativas a nivel mundial, de forma tal que se maximice el impacto en la generación de empleo de calidad, y así incidir en mayores niveles de desarrollo.

Henri Hebrard