MP pedirá ratificar prisión preventiva a cabecilla del Caso Guepardo en audiencia reprogramada para septiembre
SANTO DOMINGO, 5 agosto.– El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana, solicitará la ratificación de la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Yves Alexandre Giroux, señalado como uno de los principales cabecillas de la red internacional de estafa electrónica del denominado Caso Guepardo.
La revisión obligatoria de la medida de coerción, que estaba pautada para celebrarse recientemente en el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, fue aplazada por la jueza Vicky Chalas para el próximo 2 de septiembre, a fin de citar a los querellantes del caso.
Durante la próxima audiencia, además de revisar la medida coercitiva, se evaluará la solicitud de traslado de recinto penitenciario presentada por el imputado, quien cumple la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís. Giroux había solicitado ser trasladado a la cárcel pública de El Seibo, petición que fue rechazada por el tribunal.
El Ministerio Público sostiene que la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga justifican la permanencia de Giroux en prisión preventiva.
En un caso relacionado, el pasado 11 de julio la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís ratificó la prisión preventiva por 18 meses contra las coimputadas Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco.
El tribunal consideró que se trata de un hecho de alta relevancia social y que existen elementos que ameritan que la investigación continúe con las acusadas privadas de libertad.
Mientras tanto, Loany Ortiz, también identificada como cabecilla de la red junto a Giroux, permanece detenida en Bogotá, Colombia, enfrentando un proceso de extradición solicitado por las autoridades dominicanas. Se espera que sea trasladada al país en los próximos días para responder ante la justicia.
La estructura criminal que encabezan se dedicaba a promocionar fraudulentamente proyectos inmobiliarios a través de la marca internacional RE/MAX, captando víctimas en República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.
Según las investigaciones, la red logró estafar más de US$18.8 millones, además de acumular bienes inmuebles en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia. En estos lugares fueron incautados vehículos de alta gama, equipos electrónicos y documentación relevante para el caso.
El equipo de fiscales responsables de la investigación está compuesto por Claudio Cordero, Manuel Castro y Mayerlin Rondón, bajo la coordinación de la procuradora de corte Ramona Nova y la fiscal Reina Rodríguez.
El Ministerio Público indicó que el proceso se instruye por violaciones a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, el artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
