Contratistas depositan en el Palacio Nacional solicitud de evaluación jurídica para destrabar pagos
Santo Domingo, 7 agosto. – El Comité Institucional Codiano (CIC) depositó este jueves en la oficina de correspondencia del Palacio Nacional una comunicación dirigida al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Antoliano Peralta Romero, solicitando una evaluación jurídica que fundamente la viabilidad del pago de la denominada “deuda vieja” a 92 contratistas de obras públicas por RD$290 millones.
La comunicación, registrada con el código CJ-E2025-3037, fue entregada por una comisión integrada por el arquitecto Emiliano Familia y el ingeniero Miguel Liberato, coordinador general y vocero autorizado, respectivamente, del CIC.
Familia y Liberato informaron que la petición tiene como objetivo que dicha evaluación sea presentada al presidente de la República, con el fin de establecer con claridad que no existe impedimento legal alguno que obstaculice el pago de deudas viejas y que el mandatario cuente con los insumos técnicos necesarios para una decisión informada y justa.
“La voluntad presidencial ha sido clara y lo que falta es una evaluación jurídica honesta que desenmascare las trabas administrativas y permita tomar decisiones con base en la ley y la justicia”, agregan los constructores en la referida comunicación.
En el documento del CIC dirigido a Peralta Romero se citan supuestos obstáculos creados artificialmente por las instituciones contratantes, especialmente desde el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), entre los cuales se cita la supuesta desaparición de documentos que producen las instituciones deudoras, lo cual ha sido denunciado ante la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para que se investigue.
Tras señalar que el compromiso del presidente Abinader con la solución del pago de la referida deuda ha sido reiterado en múltiples ocasiones, Familia y Liberato expresaron su confianza en que, con el respaldo jurídico adecuado, sea posible superar las barreras administrativas que hoy impiden a los contratistas recibir el pago de los trabajos ejecutados.
