República Dominicana: el costo de invertir poco en su futuro

Juan Temístocles Montás

La inversión pública es fundamental para generar infraestructura, servicios públicos y capital humano, columnas del crecimiento a largo plazo. A diferencia del gasto corriente (nómina, subsidios, intereses), la inversión pública crea infraestructura y activos duraderos que mejoran la productividad: vías, energía, puertos, telecomunicaciones, etc.; impulsan la inversión privada al reducir costos logísticos y mejorar servicios; aumentan el capital humano (escuelas, hospitales); crean empleos directos e indirectos, sobre todo en construcción; y actúan como política contra cíclica en contextos de desaceleración de la economía.

Un trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado “La Brecha de Infraestructura en América Latina y el Caribe”, señala que, en términos del esfuerzo de inversión relativo al tamaño de la economía, América Latina y el Caribe necesitará invertir en infraestructura por lo menos un 3,12% de su PIB cada año hasta 2030 para progresar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El trabajo, que toma como punto de partida el año 2020, arrojaba que 1.84% del PIB deberá´ destinarse a inversiones para infraestructura nueva y un 1.28% del PIB % a inversiones de mantenimiento del stock existente.

Un estudio previo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que exploraba como lograr una cierta convergencia entre los países de la región y los países desarrollados, arrojaba que las necesidades de inversión necesarias para satisfacer la demanda de infraestructura equivalían en promedio, y en términos anuales, a un 5,2% del PIB de la región, de lo que un 2.7% correspondía a nuevas inversiones y 2.5% se destinaría a mantenimiento del stock existente

Para la República Dominicana, los datos que aportan los informes de inversión publica que elabora cada año la Pública, en el período 2019-2024, muestran que la inversión pública promedio fue equivalente al 1.4% del PIB, muy lejos de las recomendaciones del BID y la Cepal. Resulta preocupante el dato preliminar de la Dirección General de Presupuesto, que da cuenta que al 7 de agosto la inversión pública totalizó RD$38,586 millones, lo que lleva a proyectar que, al término del año 2025, el monto de inversión pública podría situarse en torno al 1%.

De mantenerse los bajos niveles de inversión pública, los efectos negativos sobre el crecimiento se harán sentir. El efecto multiplicador fiscal de la inversión pública es alto. Para República Dominicana se estima entre 1.3 y 1.7; o sea, por cada peso gastado en obras públicas, el PIB aumenta más de un peso. Al tener tan baja inversión, el país desaprovecha ese efecto expansivo.

Con una inversión pública tan baja (entre 1.0–1.4% del PIB), el stock de capital público se expande lentamente o incluso se deteriora en términos per cápita, lo que limita la capacidad productiva futura del país. En contraste, economías que mantienen niveles sostenidos de inversión pública del 3–5% del PIB tienden a lograr mayores tasas de crecimiento potencial. Este comportamiento puede contribuir a que República Dominicana crezca por debajo de su potencial (5%), como ya se evidenció en 2023 (2.2%) y primer semestre 2025 (2.4%).

Una evidencia clara de cómo el bajo nivel de inversión pública frena el dinamismo de sectores claves lo tenemos en el sector de la construcción, que depende fuertemente de la inversión pública. El reporte del Banco Central muestra el desplome de la construcción en el primer semestre de este año (-2.3%) debido en gran medida al bajo gasto de capital del gobierno.

Otro aspecto a tomar en cuenta es la relación entre inversión pública y productividad. Una baja inversión pública tiende a limitar la capacidad del país para aumentar la productividad a mediano y largo plazo. En ese contexto el país puede no mantener o aumentar las brechas con las economías más avanzadas. También reduce la competitividad internacional del país, dificultando avanzar hacia el desarrollo.

En resumen, cuando el Estado invierte poco en infraestructura, capital humano e innovación, el sector privado enfrenta costos más altos, menor eficiencia y menor capacidad de crecimiento sostenido.

De lo anterior se desprende que nuestro país tiene que hacer un gran esfuerzo por elevar sostenidamente su inversión pública a al menos 3%–4% del PIB, priorizando infraestructura productiva (vial, logística, energía), capital humano (escuelas, salud), digitalización del Estado y servicios públicos.