Suprema Corte ratifica condena de cinco años a exdiputada Rosa Amalia Pilarte por lavado de activos
Santo Domingo, 29 agosto. – El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó la condena de cinco años de prisión impuesta a la exdiputada de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte, al hallarla culpable de lavado de activos.
La decisión confirma la sentencia dictada en mayo del pasado año por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte, que actuó como jurisdicción privilegiada debido a la investidura legislativa que ostentaba Pilarte al momento de la investigación.
El tribunal, integrado por los jueces Francisco Jerez Mena (presidente), Nancy Salcedo Fernández, Francisco Ortega Polanco, María Garabito y Fran Soto, también dispuso el decomiso de 13 bienes inmuebles ubicados en la provincia de La Vega, así como el pago de las costas procesales.
Según la sentencia, la defensa de Pilarte no logró rebatir las pruebas presentadas por el Ministerio Público, las cuales establecieron que entre 2003 y 2021 movilizó más de RD$4,400 millones en sus cuentas bancarias, a pesar de haber declarado ingresos por apenas RD$16 millones durante ese mismo período.
El fallo concluyó que existía una insostenible discrepancia entre los ingresos declarados y las transacciones millonarias, lo que evidenció que la exlegisladora actuó con pleno conocimiento del origen ilícito de los fondos.
Asimismo, se comprobó que Pilarte transfirió múltiples propiedades a la empresa fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú, S.R.L., utilizando un esquema de colocación, estratificación e integración propio de las operaciones de lavado de activos.
La sentencia ordena que la condena sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago, además del pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos del sector público.
Entre los bienes confiscados a favor del Estado dominicano figuran varios terrenos e inmuebles en La Vega, incluyendo solares de 728.11, 811.45 y 682.50 metros cuadrados, una propiedad de 1,492.42 metros cuadrados, la parcela número 11 con una extensión de 28,273 metros cuadrados, un local comercial de 35.75 metros cuadrados y un inmueble identificado como comunidad funcional B1 de 46.86 metros cuadrados, entre otros.
Durante la audiencia, la Procuraduría General de la República solicitó que se mantuviera la condena, mientras que la defensa de Pilarte pidió la anulación de la sentencia recurrida en casación. No obstante, con la nueva Ley de Casación, las decisiones del Pleno de la Suprema se publican directamente y no son leídas en audiencia, como se hacía anteriormente.
Cabe señalar que el Ministerio Público había solicitado una pena de 10 años de prisión, aunque finalmente el tribunal impuso cinco años de reclusión, acompañados de las sanciones económicas y el decomiso patrimonial ya mencionados.
