Estados Unidos intensifica su presión sobre Venezuela con despliegue naval en el Caribe y nuevas acusaciones de narcotráfico contra Nicolás Maduro
Caracas, 2 sept. — La reciente intensificación de las tensiones diplomáticas y militares entre Estados Unidos y Venezuela, marcada por el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe meridional, ha situado nuevamente al gobierno del presidente Nicolás Maduro en el epicentro de la política exterior de Washington.
El nuevo capítulo de confrontación se inició el pasado 7 de agosto, con la declaración de la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, quien anunció una recompensa de cincuenta millones de dólares a quien proporcione información que conduzca al arresto del presidente venezolano.
En su declaración, Bondi aseguró que Maduro es «uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo y una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos».
Esta acusación, lejos de ser meramente simbólica, se ha traducido en una respuesta militar de envergadura: en menos de 48 horas, Estados Unidos había enviado más de 4,000 efectivos militares al Caribe, apoyados por buques, submarinos y recursos de inteligencia aérea. A la fecha, al menos siete buques de guerra han sido desplegados en aguas cercanas a Venezuela.
Caracas, por su parte, ha rechazado categóricamente estas acusaciones, que considera infundadas, parte de una campaña sistemática de desestabilización y un pretexto para justificar una acción militar.
La respuesta del gobierno venezolano ha incluido la declaración de estado de máxima preparación militar y la advertencia de que cualquier incursión estadounidense sería considerada una agresión directa a la soberanía nacional.
Una ofensiva inesperada tras el acercamiento diplomático
El giro en la postura de Washington ha sorprendido a propios y extraños, especialmente porque se produce poco después de que ambos gobiernos completaran un intercambio de prisioneros y reanudaran, bajo supervisión, las exportaciones de petróleo venezolano a través de la empresa estadounidense Chevron.
Esta reciente apertura parecía augurar una etapa de distensión, pero los acontecimientos de agosto han demostrado lo contrario.
En el seno mismo de la administración Trump, esta iniciativa ha generado tensiones. Algunos sectores de la Casa Blanca —particularmente influenciados por legisladores de origen cubano y venezolano en el sur de Florida— han presionado por una línea dura contra el régimen de Maduro.
Sin embargo, existen otras voces dentro del gobierno estadounidense que abogan por evitar confrontaciones abiertas con Caracas, argumentando que no redundarían en beneficio estratégico alguno y podrían desestabilizar aún más la región.
Un funcionario del gobierno norteamericano, que solicitó permanecer en el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones públicas, expresó a CNN que «Donald Trump llegó a la Casa Blanca como un presidente de paz» y que «el toque de tambor de guerra de ciertos sectores de la oposición venezolana no se corresponde con el mensaje presidencial».
¿Por qué el enfoque en el narcotráfico?
Lo que ha llamado la atención de analistas y observadores es que la reciente ofensiva estadounidense no se ha fundamentado —al menos en sus declaraciones públicas— en una denuncia de violaciones a la democracia o los derechos humanos, sino específicamente en los supuestos vínculos del presidente venezolano con el narcotráfico internacional.
Cabe recordar que estas acusaciones no son nuevas. Desde hace más de una década, medios de comunicación, organismos de inteligencia y opositores han señalado presuntas relaciones entre el alto mando venezolano y el tráfico de drogas. Sin embargo, nunca antes se había observado un nivel de respuesta militar tan significativo.
En este contexto, cabe preguntarse: ¿por qué ahora? ¿Qué ha motivado a Washington a actuar en este preciso momento?
Acusaciones sin pruebas concluyentes
La fiscal Bondi no ha presentado, hasta la fecha, pruebas documentadas que respalden de manera concluyente la acusación contra Maduro. En respuesta, funcionarios del gobierno venezolano han reiterado que el país no produce, procesa ni exporta drogas, por lo que consideran absurda la existencia de un supuesto “Cartel de los Soles”, como ha sido denominado por algunas agencias norteamericanas.
La diputada chavista Blanca Eekhout expresó en entrevista a CNN: “Para que haya un cartel de droga, o tú la produces, o tú la procesas, o tú la traficas. Y si en Venezuela no hay ni cultivo, ni producción, ni tráfico de drogas, ¿cómo puede haber un cartel? Es insostenible».
El contexto internacional del narcotráfico
El último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicado en junio de este año, establece que los principales países productores de hoja de coca —materia prima de la cocaína— son Colombia, Perú y Bolivia. Venezuela no figura como productor, ni siquiera como actor relevante en la cadena global de tráfico.
Colombia concentra más de 2,500 de las 3,700 toneladas de cocaína producidas anualmente a nivel mundial. El incremento se debe tanto al aumento del área de cultivo como a mejoras en los procesos de refinamiento.
Por su parte, el informe anual de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA), publicado en marzo, indica que el 84 % de la cocaína incautada en territorio estadounidense proviene de Colombia. Venezuela no es mencionada.
Los corredores principales de tráfico, según la UNODC, son rutas del Pacífico que atraviesan Centroamérica, Ecuador y México. Aunque no se descarta completamente el tránsito por territorio venezolano, este no constituye una vía predominante. Incluso las cifras de incautación ubican a Venezuela en un papel secundario: representa menos del 2 % del total en América Latina, por detrás de Colombia, Ecuador y Panamá.
Pese a estas estadísticas, el exfiscal general estadounidense William Barr afirmó en 2020 que el gobierno venezolano facilitaba el traslado de hasta 250 toneladas anuales de cocaína, una cifra que representa menos del 10 % de la producción mundial. Sin embargo, en ese momento, como ahora, no se presentaron pruebas sustanciales que respaldaran tal afirmación.
Narcotráfico en Venezuela: entre la negación oficial y los indicios
Aunque los datos internacionales apuntan a un rol marginal de Venezuela en el comercio de cocaína, la realidad sobre el terreno es más matizada. La existencia de vuelos clandestinos, incautaciones de aeronaves y detenciones sugiere que el país no está exento de operaciones delictivas vinculadas al narcotráfico.
La propia diputada Eekhout reconoció que, en el último año, las fuerzas de seguridad venezolanas han decomisado 490 aeronaves y 94 embarcaciones presuntamente utilizadas para el transporte de drogas. No obstante, estos datos no han podido ser verificados de forma independiente.
Más significativo aún es el caso de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama Cilia Flores, quienes fueron arrestados por la DEA en Haití en 2015, juzgados en Nueva York y condenados en 2016 por conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos.
Años después, fueron devueltos a Venezuela en un intercambio de prisioneros.
También reviste importancia la figura del general retirado Hugo “el Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia militar, quien el pasado 25 de junio se declaró culpable ante un tribunal federal estadounidense por cargos de conspiración para importar cocaína y por actividades de narcoterrorismo.
Carvajal, extraditado desde España, ha comenzado a colaborar con fiscales norteamericanos, en lo que podría representar una fuente de información comprometedora para el entorno presidencial venezolano.
Según reportó el diario Miami Herald, Carvajal estaría suministrando a las autoridades estadounidenses pruebas directas contra Nicolás Maduro, a cambio de una reducción de su condena. Esta información no ha sido corroborada oficialmente.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. clasificó al supuesto “Cartel de los Soles” como una organización terrorista internacional el pasado mes de julio. Otros países sudamericanos, entre ellos Argentina, Ecuador y Paraguay, emitieron calificaciones similares, en un esfuerzo por endurecer sus propias políticas de seguridad regional.
El Cartel de los Soles: ¿mito o realidad?
La existencia del “Cartel de los Soles” continúa siendo materia de controversia. Para algunos expertos, como el analista Phil Gunson del International Crisis Group, el término es una construcción mediática para referirse a una red informal de actores militares y políticos implicados en el narcotráfico.
“No es un cartel estructurado como los de México o Colombia. Es más bien una red de células independientes dentro del Ejército, donde algunos altos oficiales habrían facilitado el transporte de drogas, a menudo a cambio de sobornos o protección”, explicó Gunson.
Por su parte, el portal de inteligencia criminal InsightCrime sostiene que este grupo no opera como una organización jerárquica, sino como una red dispersa con conexiones al aparato militar venezolano. Su nombre se origina en los “soles” que lucen los generales en sus hombreras.
Las rutas utilizadas incluirían pistas clandestinas en estados fronterizos como Apure y vuelos irregulares hacia América Central y el Caribe, así como el uso del río Orinoco para transporte fluvial. La oposición venezolana está dividida sobre el tema: mientras María Corina Machado ha celebrado las acciones de Washington, otros líderes como Henrique Capriles han exigido la presentación de pruebas concretas.
Maduro niega vínculos y denuncia conspiración internacional
El presidente Nicolás Maduro ha rechazado de forma enfática cualquier vínculo personal o institucional con el tráfico de drogas. Ha señalado las recientes acciones de Estados Unidos como parte de una campaña política para desacreditar a su gobierno y abrir el camino a una intervención militar.
Desde Caracas, el mandatario acusó a Washington de recurrir a una “doctrina intervencionista obsoleta” y de “ensuciarse las manos con sangre” en caso de provocar una confrontación armada. También anunció que “el pueblo se declararía en armas” para defender la soberanía nacional, en caso de una agresión directa.
El canciller Yván Gil, por su parte, recordó que la ONU estima que solo el 5 % del total de drogas que circula hacia Norteamérica transita por Venezuela. Afirmó que se trata de un “pretexto geopolítico” que podría tener consecuencias graves para la estabilidad de América Latina.
Despliegue militar estadounidense: dimensiones y objetivos
El despliegue militar estadounidense en el Caribe ha sido descrito como uno de los más grandes desde la invasión de Panamá en 1989. Incluye destructores clase Arleigh Burke como el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson; un crucero de misiles guiados, el USS Lake Erie; un submarino nuclear de ataque; así como aeronaves de patrullaje marítimo y aviones de reconocimiento.
Según fuentes del Pentágono citadas por Reuters, el objetivo oficial es una operación antidrogas mejorada. Sin embargo, analistas señalan que se trata también de un mensaje político a Maduro y a otros regímenes considerados hostiles. El despliegue es descrito como una forma de “diplomacia de cañonera”.
Washington aún no ha ofrecido detalles sobre un plan posterior en caso de una eventual caída del régimen chavista, lo que genera inquietudes sobre la viabilidad de una intervención sin respaldo internacional ni una estrategia de estabilización clara.
Expectativas ante la sentencia de Carvajal
En el horizonte inmediato, el próximo hito clave será la audiencia de sentencia del general Hugo Carvajal, prevista para el 29 de octubre. Se espera que la información que proporcione —de confirmarse su colaboración plena con la justicia estadounidense— pueda ser utilizada por fiscales para sustentar nuevas imputaciones, posiblemente incluso contra Maduro.
Si bien el curso que tomará este proceso es incierto, lo que parece claro es que la relación entre Estados Unidos y Venezuela ha entrado en una nueva etapa de tensión que combina presión diplomática, acusaciones penales y demostraciones de fuerza militar.
Fuente: CNN en Español
