Crisis en Senasa: Red de corrupción, contratos irregulares y déficit sacuden a la principal aseguradora pública
Santo Domingo, 9 de septiembre de 2025 – El Seguro Nacional de Salud (Senasa), principal aseguradora pública del país, se encuentra inmerso en una profunda crisis financiera e institucional, producto de una compleja red de corrupción, contratos irregulares y un esquema fraudulento que habría drenado cientos de millones de pesos del sistema.
Investigaciones periodísticas y oficiales han revelado que, durante al menos cuatro años, se desarrolló un entramado ilícito que no solo debilitó la gobernanza interna de Senasa, sino que también impactó de forma directa la calidad de los servicios ofrecidos a millones de afiliados, especialmente del régimen subsidiado, quienes enfrentan hoy largas esperas, retrasos en medicamentos y una atención deficiente.
Uno de los hallazgos más alarmantes fue documentado por el programa de investigación de la periodista Julissa Céspedes, quien presentó evidencias de que se autorizaron más de 4,000 procedimientos médicos que nunca llegaron a realizarse.
Para justificar estos procedimientos falsos se utilizaron identidades reales de afiliados y se operó un “call center paralelo”, administrado por exempleados desde fuera de la institución. Este sistema clandestino procesaba autorizaciones médicas ficticias para canalizar recursos públicos a cuentas privadas.
El esquema de fraude habría movilizado más de 41 millones de pesos en transferencias ilícitas. Según las investigaciones, entre los implicados figuran altos funcionarios de Senasa, incluyendo a Gustavo Güílamo (jefe de gabinete), Germán Robles (consultor jurídico), Rafael Dujarric (director de planificación) y Gustavo Mesina (finanzas). Testimonios de testigos protegidos apuntan a Robles como el principal articulador de la operación.
Simultáneamente, otro reportaje de la periodista Nuria Piera reveló irregularidades en un contrato firmado en 2020 entre Senasa y la empresa Khersum SRL, perteneciente al Grupo Read.
Bajo este acuerdo, la compañía fue contratada para manejar la atención primaria de 500,000 afiliados del régimen subsidiado, con pagos mensuales que alcanzaban los 65 millones de pesos, totalizando 780 millones al año. Lo más grave: el contrato carecía de mecanismos claros de fiscalización, y los pagos se realizaban independientemente de si los afiliados recibían atención médica o no.
Piera también denunció un crecimiento desproporcionado en la nómina de Senasa, que pasó de 1,408 empleados en 2020 a 1,971 en 2024. Asimismo, se establecieron 19 oficinas en Estados Unidos y Puerto Rico, con un costo mensual superior a los cinco millones de pesos, para funciones que anteriormente realizaban los consulados dominicanos.
La crisis operativa se refleja en la realidad de los usuarios: citas médicas que tardan meses, medicamentos básicos que no llegan a tiempo, y un sistema de salud colapsado para los más vulnerables. Llamadas de prueba realizadas por el equipo de investigación de Piera confirmaron estos fallos en distintas sucursales del país.
Ante la magnitud de las denuncias, la periodista afirmó que, contrario a lo que declaró el presidente Luis Abinader, su investigación no está siendo formalmente procesada.
No obstante, el director de Persecución de la Procuraduría General de la República, Wilson Camacho, insinuó en su cuenta de X (antes Twitter) que las pesquisas continúan: “Aunque no nos escuchen, estamos trabajando con ustedes. Hay un tiempo para todo debajo del sol”.
La Fuerza del Pueblo, principal partido de oposición, denunció anteriormente que el régimen subsidiado de Senasa acumula un déficit de 3,372.8 millones de pesos.
La morosidad en los pagos a proveedores aumentó drásticamente, pasando de 0.97 % en 2020 a 46.02 % en 2023, y se mantiene en un alarmante 44 % en 2024. Esta situación ha puesto en jaque a clínicas, laboratorios, farmacias y profesionales de la salud.
Frente a las acusaciones, el Grupo Read emitió un comunicado en el que aseguró haber ofrecido más de dos millones de atenciones médicas preventivas a través de una red de más de 35 centros médicos y 26 dispensarios.
La empresa defendió su modelo de atención primaria como una solución para descongestionar hospitales públicos y expresó su disposición a colaborar con cualquier proceso de investigación.
No obstante, los indicios de corrupción sistemática, el crecimiento de una burocracia costosa y la preferencia por contratos privados opacos revelan un patrón de mala gestión que amenaza con colapsar la principal aseguradora del país, encargada de proteger la salud de los sectores más vulnerables.
