Estabilidad y continuidad administrativa: Un reto pendiente en la administración pública
Yulibelys Wandelpool
«Sin estabilidad y continuidad administrativa, el Estado queda atrapado en un ciclo de improvisación que debilita las políticas públicas y erosiona la democracia».
En las últimas semanas, el presidente de la República ha dispuesto cambios en distintas instituciones públicas. Más allá de la legitimidad de estas decisiones, me surge la inquietud de reflexionar sobre cómo este patrón recurrente de rotación impacta en la continuidad de las políticas públicas y, en consecuencia, en la calidad de las políticas públicas.
La República Dominicana enfrenta un desafío estructural: cada cambio de gestión, e incluso dentro de un mismo período presidencial, arrastra consigo no solo el relevo de las máximas autoridades, sino también de equipos técnicos y administrativos. Este fenómeno interrumpe procesos, engaveta proyectos y debilita la memoria institucional, afectando directamente la eficiencia del Estado y la confianza ciudadana.
La Ley 41-08 de Función Pública reconoce la carrera administrativa como base de la profesionalización del servicio público. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los cargos hoy día quedan en manos del personal “de confianza”, lo que abre la puerta a desvinculaciones masivas y frena la consolidación de un verdadero servicio civil.
Esto genera tres consecuencias inmediatas:
· Improvisación y encarecimiento en la gestión pública.
· Pérdida de memoria institucional, al desplazar equipos con conocimiento acumulado y cultura organizacional.
· Inestabilidad para el servidor público, que percibe su permanencia más vinculada a factores políticos que a su desempeño que impide continuidad en las políticas públicas.
El costo de esta dinámica es alto: programas estratégicos se interrumpen, procesos en áreas críticas (como compras y contrataciones) se retrasan, y la ciudadanía percibe un Estado débil, sujeto a la improvisación.
La Constitución dominicana, en su artículo 139, dispone que la Administración Pública está sujeta al principio de legalidad y al control jurisdiccional; y en el artículo 194, obliga a garantizar el uso eficiente de los recursos públicos. Estos mandatos constitucionales difícilmente pueden cumplirse si cada transición implica empezar de cero.
A esto se suma un impacto más profundo: la democracia se resiente cuando las instituciones carecen de estabilidad. La visión de Estado se diluye, y el aparato público se convierte en instrumento coyuntural del poder político, debilitando la confianza ciudadana en la gestión gubernamental.
La deuda pendiente: La Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo (END), en su artículo 16, establece como meta “construir una administración pública eficiente, transparente, profesionalizada y orientada a resultados”. Sin embargo, pese a los avances alcanzados, el camino hacia ese objetivo aún está inconcluso.
Para avanzar, resulta imprescindible fortalecer la carrera administrativa, garantizando que los puestos técnicos trasciendan el ciclo político o designación de un ministro o director; con esto se lograría consolidar la estabilidad como garantía de eficiencia, de modo que el servidor público permanezca por su desempeño, no por coyunturas partidarias.
La Constitución, en su artículo 7, consagra que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho. Para honrar ese mandato, necesitamos instituciones predecibles, con continuidad en sus políticas y con servidores públicos que trabajen bajo una visión de largo plazo, en estricto apego a la Ley de 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo.
Los recientes cambios en distintas instituciones deben ser vistos como una oportunidad de reflexión: los gobiernos pasan, pero el Estado permanece. El verdadero reto pendiente es fortalecer la institucionalidad para que lo que permanezca no sea la improvisación, sino las políticas públicas que transforman la vida de la ciudadanía y consolidan nuestra democracia.
