Un desaliñado surrealismo judicial
Por Juan Llado
García Márquez tuvo razón al concebir la realidad latina como un amasijo de piruetas de la razón, manifestados a través de creencias esotéricas y supersticiones, mezclados con ensueños pasionales y proezas de dignidad. En tan abigarrado collage humano entonces no debe sorprender si las decisiones de la judicatura dominicana no siempre satisfacen el sentido de justicia de nuestros ciudadanos. Un buen ejemplo lo revela el sonado caso de Maxy Montilla, ahora en “la oprobiosa categoría del soplón”. Su desenlace está por verse, pero los más creemos que no solo se eximió de merecida cárcel al imputado, sino que también se ha esquivado la presunta culpabilidad penal de quien, emparentado con el sujeto, amparó sus mayúsculos desmanes de corrupción.
Hay razones para pensar que no se está haciendo justicia contra la corrupción y la impunidad en el gobierno pasado. En un reciente artículo, la autorizada voz de José Lois Malkun lo sugiere al referirse a el caso Montilla y el famoso “criterio de oportunidad»: “El problema es que cuando se negocia con esos acusados y se llega a un acuerdo financiero para que le devuelvan al Estado 600 millones, 1,500 millones o 3 mil millones de pesos que sustrajeron en sus actividades corruptivas, es porque aún tienen escondido o han lavado tres o cuatro veces esa cantidad”.
Lo que hasta ahora ha decantado de los procesos judiciales iniciados por el Ministerio Público a partir del 2020 no rima con los valores fundamentales de nuestra sociedad. “La justicia es el principio que busca dar a cada persona lo que le corresponde, protegiendo sus derechos y manteniendo el equilibrio en la sociedad. Hacer justicia significa aplicar la ley y la equidad de manera imparcial, corrigiendo lo incorrecto, sancionando las fallas y asegurando que las decisiones respeten la dignidad y la igualdad de todos”. A pesar de que la persecución correspondiente a los imputados involucrados ha sido un hito histórico, marcando un saludable antes y un después, la insatisfacción con los resultados hasta ahora es generalizada, como si estuviéramos inmersos en el mítico Macondo.
Un desaliñado surrealismo judicial
Somos muchos los que hemos quedados insatisfechos con la acción del Ministerio Público, supuestamente independiente, frente al mosaico de corrupción del pasado gobierno y sus más atrevidos secuaces. Los imputados hasta ahora pueden ser los más grandes malhechores, pero el rumor publico señala a otros más que no se tocan. Pero tampoco ha satisfecho la acción de la judicatura con la sentencia del caso Antipulpo porque sus dispositivos aparentan leves y permisivos ante la magnitud del robo perpetrado. El acuerdo con Montilla va por el mismo camino al admitirse una indemnización, acogiendo las conveniencias del criterio de oportunidad, sin que para ese principal protagonista se pueda esperar ninguna condena penal. En ambos casos los resultados del proceso judicial son indignantes, empañando así la majestad de la justicia y la probidad de la gestión persecutoria.
Para alertar sobre la desafiante tarea que enfrenta la justicia y sus ministeriales en los casos de corrupción iniciados y otros similares, con la ayuda de la IA a continuación se presenta un resumen de múltiples frentes abiertos.
Operación Antipulpo: Este caso gira en torno a Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, acusado de liderar una red que utilizó sus vínculos familiares para obtener contratos fraudulentos y privilegios en compras del Estado, especialmente en salud y energía, desviando miles de millones de pesos mediante empresas de carpeta y sobornos.
Operación Calamar: Involucra a exministros como Donald Guerrero (Hacienda), Gonzalo Castillo (Obras Públicas) y José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia), acusados de articular una estructura para desfalcar al Estado en más de 19 mil millones de pesos a través de expropiaciones irregulares, sobornos a empresarios y financiamiento ilícito de campañas políticas.
Operación Coral: Se centra en Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia, acusado de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y malversación de fondos públicos mediante el desvío de recursos asignados a cuerpos castrenses, en complicidad con religiosos y oficiales que prestaban sus nombres para ocultar bienes.
Operación Coral 5G: Derivada del caso Coral, destapa una red de corrupción dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, dirigida por altos oficiales que desviaban millonarios fondos destinados a combustibles, raciones alimenticias y nóminas de “policías fantasmas”, utilizando testaferros para lavar dinero.
Operación Medusa: Encabeza este caso el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, acusado de crear una red de corrupción dentro de la Procuraduría para desviar fondos públicos en compras infladas, construcción de cárceles a sobreprecio y sobornos. La supuesta red habría malversado más de 6,000 millones de pesos, usando empresas relacionadas con amigos y allegados.
Operación 13: Se refiere al fraude cometido en la Lotería Nacional en 2021 durante un sorteo manipulado en complicidad entre funcionarios, locutores y banqueros. El administrador de la institución, Luis Maisichell Dicent, está acusado de asociación de malhechores, soborno y estafa contra el Estado, con perjuicios millonarios para la confianza en el sistema de apuestas.
Operación FM: Desarticuló una red de lavado de activos procedentes del narcotráfico, en la que participaron empresarios y figuras vinculadas al espectáculo. Se les acusa de movilizar miles de millones de pesos a través de bancas de lotería, negocios de entretenimiento, compañías de fachada y bienes inmuebles.
A lo anterior habrá que añadir los casos de presunta corrupción que están pendientes de investigación por parte del Ministerio Publico provenientes de los últimos cinco años. Recién la titular de la DGEIG anunció que ha referido más de 300 casos de denuncias de corrupción a la Procuraduría. Asimismo, se han destapado irregularidades en INABIE, SENASA, el CEA y otras dependencias del Estado. Y ni hablar de lo pendiente en el MINERD, el PROPEEP y lo imputado a dos ministras de la Juventud.
El surrealismo latinoamericano fusiona lo real con lo fantástico y presenta lo extraordinario como parte de la cotidianidad. Lo acontecido hasta ahora en nuestro aparato judicial respecto a los casos de corrupción reseñados se asemeja a ese surrealismo, tal vez porque no han concluido todos. Habrá que seguir de cerca el porvenir y aspirar a que la sentencia del Antipulpuo y el caso de Montilla no sean el patrón que regirá los siguientes desenlaces. Si las sentencias correspondiente no impone los severos castigos que se aplica a los pobres habrá justicia denegada.
La lección para la clase política es que debe cuidarse de actuar con pulcritud y transparencia. En un discurso político (1879) Gregorio Luperón, al asumir la presidencia provisional en Puerto Plata dijo: “El pueblo quiere que se gobierne con honradez; que se respete la ley, que se castigue el delito y que se premie la virtud”. A la justicia y al Ministerio Público le quedará pendiente determinar sobre la posible complicidad de los gobernantes que dan la espalda a la corrupción. Hasta ahora ni la actuación del Ministerio Público ni las decisiones de los jueces permiten afirmar que nos acercamos al dictado de Luperón. Aureliano Buendía observó esos principios morales al hacer la paz y renunciar a la guerra.
