Alerta roja
Marisol Vicens Bello
Desgraciadamente ha tenido que destaparse un escándalo de alegada corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) para que quede evidenciado que nos descuidamos con el control y la prevención de fraudes, a pesar de que las estafas a los sistemas de seguros de salud son frecuentes en el mundo, y que tenemos penosos antecedentes de nacionales dominicanos que han estafado incluso el programa de cobertura de seguridad social administrado por el gobierno de los Estados Unidos de América, Medicare, y han sido condenados.
Muchos factores se han combinado para generar esta especie de tormenta perfecta, pues primero se inició un deterioro creciente de la capacidad de pago del Senasa que era la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) que mejor pagaba a los prestadores de servicios de salud, clínicas, laboratorios, médicos y más, al elevarse la morosidad en sus pagos a estos según se ha publicado de 0.97 % en 2020 a 44 % en 2024, y también un deterioro de sus servicios, pues de ser la ARS que se consideraba garantizaba mayor cobertura a sus afiliados, esa percepción fue variando en la medida que aumentó la denegación de servicios y que se implementaron medidas utilizadas por otras ARS de intentar imponer a los proveedores el uso de insumos médicos de cuestionable calidad.
Los ruidos provocados por el malestar generalizado de muchos por el deterioro en los pagos y la provisión de servicios, y los rumores cada vez más crecientes sobre el déficit financiero de Senasa, fueron causando distintas investigaciones periodísticas desde inicios del presente año, y aunque la propia ARS estatal depositó hace unos meses una denuncia por fraudes ante el Ministerio Público, la magnitud de la estafa que ha sido expuesta por algunos de estos trabajos periodísticos es muchísimo mayor, habiéndose señalado como supuestos cabecillas de la red a funcionarios de la misma entidad, algunos de los cuales han estado vinculados al Senasa y a otros organismos gubernamentales desde el inicio del SDSS e incluso antes.
Parecería que algunos olvidaron que el Sistema de Seguridad Social se creó luego de la quiebra del IDSS que se convirtió en un botín político deficitario, y en fuente de prebendas y negocios para algunos representantes del sector médico, laboral y empleador, y que habiéndose mantenido muchos de esos personajes acostumbrados a las malas prácticas, y multiplicado exponencialmente la capacidad financiera del Sistema por la cantidad de afiliados y el monto de las cotizaciones obligatorias, era muy probable que esos polvos trajeran estos lodos, como también lo es que las malas acciones destapadas tengan raíces anteriores.
La resistencia de poderosos actores ha impedido que se produzca la reclamada reforma a la Ley 87-01 de Seguridad Social, la cual fue prometida en agosto de 2020 por el entonces recién electo Congreso, y que a la fecha de hoy sigue no solo sin conocerse y aprobarse, sino sin evidenciarse una real intención de realizar los cambios necesarios para robustecer el SDSS.
Debemos tener presente que así como se ha denunciado que supuestamente se crearon centros de llamadas para estafar a Senasa cobrando supuestos servicios a afiliados que no eran reales, lo que probablemente explica en parte el incremento de su índice de siniestralidad de un promedio anual de 92.5% a un 105.6% en el 2024, así como la estratagema realizada para desviar fraudulentamente los fondos anuales provistos a los afiliados para medicamentos ambulatorios, muchos de los cuales por carencia de recetas o desconocimiento no se utilizan, situaciones similares pueden estarse produciendo.
Aunque todos esperamos que se investiguen seriamente estas denuncias y que se castiguen ejemplarmente a todos los culpables, debemos estar conscientes que esto es una alerta roja que nos ha dado el Sistema, y que es indispensable robustecer la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, para que pueda ejercer eficazmente sus facultades de control y disponer de personal capaz, y herramientas eficaces y confiables para auditar adecuadamente a todos los actores del SDSS, e imponer las sanciones correspondientes.
Para lograr esto no solo se requiere de una adecuada reforma de la ley, sino también de un compromiso político para asegurar la profesionalidad, autonomía y competencias de todas las instancias y funcionarios del SDSS, lo que en la práctica se ha quedado en un simple mandato de papel.
El Caribe
